La presidenta responde, pero el país arde en incertidumbre
Claudia Sheinbaum descarta que el Estado mexicano incurra en desaparición forzada. Pero la ONU no está convencida, y Jalisco es el nuevo epicentro de la controversia.
La ONU acusa, México responde: el choque por las desapariciones
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU encendió las alarmas internacionales. Tras los hallazgos en el rancho Izaguirre, Jalisco —restos humanos, objetos personales y un historial de al menos 18 desapariciones documentadas— el organismo activó un mecanismo excepcional por sospechas de desapariciones sistemáticas en México.
La reacción del gobierno mexicano fue inmediata y tajante. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se trate de desaparición forzada desde el Estado. Apuntó directamente a la delincuencia organizada como principal responsable.
“No es desaparición forzada perpetrada por el Estado”, subrayó Sheinbaum, quien además aseguró que la ONU tiene un “gran desconocimiento” del contexto mexicano.
La defensa del gobierno federal
Nota diplomática y deslinde oficial
Tras las medidas cautelares emitidas por la ONU, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, envió una nota diplomática expresando su inconformidad. Esta acción fue presentada como una defensa de la soberanía nacional y de los esfuerzos internos para atender el fenómeno.
El caso Izaguirre y la investigación local
La mandataria reiteró que el caso del rancho Izaguirre está siendo investigado por la Fiscalía de Jalisco. Destacó que la institución actúa de forma autónoma y que existe voluntad política para combatir estos crímenes, asistir a las víctimas y prevenir nuevas desapariciones.
El contexto de las desapariciones en México
Una crisis persistente
México enfrenta una crisis de desapariciones que no ha cedido en los últimos años. Con más de 110 mil personas desaparecidas registradas oficialmente, la percepción de impunidad y colusión de autoridades ha provocado una creciente desconfianza en las instituciones.
Reacción de organizaciones civiles
Organizaciones como Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato han sido clave en la denuncia de estos casos. Fueron ellas quienes presentaron la solicitud que llevó a la ONU a intervenir. Denuncian que, en muchos casos, las desapariciones se dan con la omisión o participación de agentes del Estado.
¿Qué implica la activación del Artículo 34?
Una advertencia de alto nivel
El Comité activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. Este paso indica que hay pruebas suficientes para sospechar que en México la desaparición forzada podría ser una práctica sistemática.
¿Y ahora qué?
El caso podría llegar hasta la Asamblea General de la ONU. Este escenario pondría al gobierno mexicano en el centro de un debate global sobre derechos humanos, con implicaciones diplomáticas y políticas a largo plazo.
Entre la negación oficial y la evidencia forense
La narrativa oficial insiste en deslindar al Estado. Sin embargo, la dimensión de la crisis, los hallazgos en Jalisco y el activismo de las organizaciones civiles contradicen esa postura.
La ONU no actúa a la ligera, y la activación del Artículo 34 eleva la disputa a otro nivel. La pregunta no es solo quién desaparece a quién, sino cómo un país enfrenta —o evade— su propia tragedia.
