
La desaparición forzada en México no existe, dice Sheinbaum. ¿Y los 120 mil desaparecidos?
Claudia Sheinbaum enfrenta su primer revés internacional como presidenta. La ONU activó un proceso por desaparición forzada en México y su gobierno lo niega todo.
El 8 de abril, la presidenta de México rechazó categóricamente que en el país exista la desaparición forzada desde el Estado. Esto, en respuesta a la apertura de un procedimiento por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que analizará la situación de más de 120 mil personas desaparecidas en territorio mexicano.
¿Qué significa la desaparición forzada según la ONU?
Un delito de Estado, aunque no haya confesión
La desaparición forzada, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por agentes estatales —o con su consentimiento— y posteriormente se niega su paradero. Es decir, implica complicidad o acción directa del Estado.
En México, la Secretaría de Gobernación ha definido este delito como una forma de privación de la libertad que las autoridades no reconocen y que impide aplicar mecanismos legales de protección.
¿Por qué la ONU puso el foco en México?
El 4 de abril, el CED activó el artículo 34 de la convención internacional, lo que implica un procedimiento especial que podría escalar hasta la Asamblea General de la ONU. Este tipo de investigaciones se reserva para países donde hay señales de una práctica sistemática de desapariciones.
Pese a que el comité no prejuzga, el paso es significativo: México es el país con más desaparecidos en América Latina, y uno de los pocos con una crisis forense reconocida por Naciones Unidas.
Las cifras que contradicen al gobierno mexicano
Más de 120 mil personas siguen desaparecidas
Hasta 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 124 mil 263 casos. De ellos, al menos 17 mil 788 son niñas, niños y adolescentes.
Aunque la presidenta sostiene que estos hechos son responsabilidad del crimen organizado, la ONU señala que el Estado también es responsable por acción, omisión o aquiescencia.
Madres buscadoras y la crisis forense
La respuesta de la sociedad civil ha sido la formación de colectivos de búsqueda, integrados en su mayoría por madres que rastrean fosas, basureros y parajes olvidados por las autoridades.
En paralelo, la crisis forense se agrava: según datos de 2022 citados por la ONU, se necesitarán hasta 120 años para identificar a las más de 50 mil personas fallecidas sin identificar.
La postura de Sheinbaum: negación y diplomacia
Desde su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”. También explicó que se envió una nota diplomática para manifestar la inconformidad del gobierno mexicano ante la decisión del comité.
La presidenta apeló a su trayectoria como activista para desmarcarse de cualquier responsabilidad del aparato estatal: “Toda la vida luchamos contra eso”, dijo. Sin embargo, esta negación choca con informes internacionales, colectivos civiles y cifras oficiales.
Una herida abierta y un Estado bajo la lupa
México vive una tragedia que trasciende cifras: la desaparición forzada es una herida que sangra desde hace décadas. Que el gobierno actual rechace su existencia no detiene la investigación de la ONU ni la exigencia de justicia de miles de familias.
La negación oficial no borra las ausencias ni detiene las búsquedas. La pregunta sigue: si no es el Estado, ¿quién responde por los desaparecidos?