Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, afirmó que una de las principales razones que hace diferente su informe al de la verdad histórica de Jesús Murillo Karam es que “se sustentó en declaraciones mediante tortura y nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.
Afirmó que “cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República y la discusión de estos temas y es ahí donde habrá que ubicar no solo el diseño sino la operación e implementación de esta acciones que en muchos casos hay presunción de la alteración de este crimen y lo que está plenamente acreditado haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas”.
Encinas también llamó “a todas las personas que cuenten con información la aporten en beneficio del esclarecimiento de estos deleznables hechos”.
El funcionario presentó una síntesis del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), que dio la semana pasada también en Palacio Nacional en la que una de las conclusiones, en primera instancia, es que quien dio la orden de una labor cruel de desaparición de los jóvenes fue el presidente municipal de Iguala, en ese entonces, José Luis Abarca y por integrantes del grupo Criminal “Guerreros Unidos”, así como de otros agentes del Estado mexicano.
La desaparición de los estudiantes se realizó por instrucciones que “El Gil” transmitió “Cepillo” a través de “Fercho”, encargado de los sicarios de Guerreros Unidos en Cocula.
El informe de Covaj indica que “A1” dio la orden de recuperar la mercancía: “Me chingan a todos a discreción”. “A1” ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben “quien es quien” y se está calentando la plaza demasiado, “mátalos a todos, Iguala es mío”, refiere la versión de la actual administración.
Destacó los dos momentos: el contexto y los hechos de personas que participaron en la desaparición de los estudiantes; y la creación de la llamada “verdad histórica”, por la que Murillo Karam, exprocurador general de la República, fue vinculado a proceso.
Entre las conclusiones de la actual administraciones es que se trató de un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano; que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, al existir elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
También se concluye que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Normal hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
También indican que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF y que “el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías”.
Tampoco existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos y que tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
En la “verdad histórica” indica que los 43 alumnos detenidos fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala y se rechaza con la actual administración al señalar que “tras la salida de los estudiantes de la Terminal de autobuses, en ningún momento los 43 estuvieron juntos y solo los alumnos del autobús 1568 fueron llevados a la comandancia.
La versión de Murillo Karam indica que los estudiantes fueron sustraídos de la comandancia y entregados a policías de Iguala y Cocula, quienes a su vez Loma de Coyotes, los otros normalistas a Huitzuco y los entregaron en Loma de Coyotes a Guerreros Unidos. Lo que en realidad sucedió, según la versión actual, es que “solo los alumnos del autobús 1568 fueron llevados a Loma de Coyotes y otros sitios.
También en torno o a que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados, quemados en el basurero de Cocula y desaparecidos el 26 de septiembre, es falso, dijo porque originalmente querían quemar a todos estudiantes, pero por la magnitud decidieron repartirlos en Río Balsas, Pozo de Pueblo Viejo, La Mina cocinar a diez.
El día de los hechos presuntamente seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en “la Bodega
¡Vieja”, de los cuales se habría encargado “El Coronel”.
Que las cenizas de los normalistas fueron arrojadas al Río San Juan, en realidad sucedió que como resultado de las búsquedas en campo se identificaron restos de tres estudiantes en el Ejido de Cocula.
La primera versión indicó que no se contó con participación de elementos de las fuerzas armadas; en realidad, se acredita la participación de Julio César López Patolzin, normalista informante de la Sedena, así como de otros elementos en diferentes momentos de la desaparición.
Y sobre que la desaparición de los normalistas fue un asunto local, Covaj concluí que sí “es un crimen de Estado en el que participaron los GU y diversas instituciones del Estado mexicano”.
Con información de Proceso
