El eventual desafuero del senador priísta Alejandro Moreno Cárdenas ha encendido el debate político nacional. Tras un incidente de agresión contra Gerardo Fernández Noroña, las posturas encontradas entre morenistas sobre la viabilidad de un juicio de desafuero Alejandro Moreno revelan las tensiones jurídicas y la complejidad de la política actual.
Posiciones encontradas sobre el desafuero de «Alito»
El 28 de agosto de 2025, las discusiones sobre el desafuero del senador Alejandro Moreno Cárdenas evidenciaron una clara división dentro del partido guinda. La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, aseguró con firmeza que el juicio de desafuero puede ser solicitado por *cualquier delito*. Su postura se reafirmó al señalar que ya existe una denuncia sobre los hechos del «zipizape del miércoles» en la Comisión Permanente, por lo que la Fiscalía tiene la obligación de investigarlos y revisar los videos.
En contraste, el vicecoordinador de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier, estimó que lo sucedido no es suficiente para iniciar el procedimiento en San Lázaro. No obstante, Mier matizó su posición, indicando que habría que esperar las determinaciones de las investigaciones y el dictamen del médico legista. Políticamente, el legislador consideró que los actos de corrupción en Campeche, de los que se acusa a Alejandro Moreno, son más graves que la agresión, calificando lo ocurrido como «lamentable, un retroceso».
La agresión a Fernández Noroña y sus repercusiones
Los hechos que detonaron este debate se remontan a un día antes de las declaraciones, cuando Moreno Cárdenas agredió al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Gerardo Fernández Noroña. Este último informó que el 29 de agosto se llevaría a cabo una sesión para discutir un resolutivo de condena a la violencia recibida.
En un giro que exacerbó la tensión, Fernández Noroña reveló que Manuel Añorve, coordinador del PRI en la Cámara alta, le envió un oficio informándole que Alejandro Moreno asistiría a dicha asamblea en lugar de Carolina Viggiano. El legislador se preguntó retóricamente si el senador priísta iría nuevamente a agredirlo. A diferencia de Mier, Fernández Noroña consideró que los videos de la agresión son «muy claros» y que existen todos los elementos para lograr el desafuero, una vez que la Fiscalía lo solicite formalmente.
En conferencia de prensa, Fernández Noroña también criticó el «manejo ruin de los medios de comunicación», a quienes acusó de justificar la agresión sufrida por parte de Moreno Cárdenas.
Condenas y la propuesta de «desintoxicación» para la oposición
En este contexto de confrontación, el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, sugirió un «tratamiento de desintoxicación» para los integrantes de la oposición. Con un tono irónico, afirmó que «algunos porros políticos deben tomar cursos de autocontrol» y que quizás «hay que invitarlos a que vayan a Monte Fénix u Oceánica».
Durante una caminata en los alrededores de la vieja sede del Senado, López Hernández recordó que, un día antes de los hechos, los priístas habían negado cualquier responsabilidad, alegando haber sido los agredidos. Por ello, reiteró su propuesta: «Vamos a hacer una coperacha para llevarlos a Oceánica y a Monte Fénix y a ver si así los podemos recuperar». La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a las críticas, calificando a «Alito» y a otros agresores como «porros, hipócritas y autoritarios», enfatizando que «lo importante es ver cómo se comportan; están llenos de odio».
El incidente subraya la polarización y las complejidades legales y políticas que rodean al senador priísta, quien enfrenta no solo señalamientos por corrupción en Campeche, sino ahora también un proceso de desafuero por agresión, con opiniones divididas incluso dentro del partido en el poder.
