En un giro inesperado, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, ha sacudido el panorama político al denunciar formalmente ante la FGR a figuras clave de la 4T por presuntos vínculos con el crimen organizado. Este movimiento estratégico ocurre justo cuando se reactiva su propio proceso de desafuero, intensificando la confrontación.
La denuncia de Alejandro Moreno: acusaciones graves contra la 4T
El 31 de julio de 2025, Alejandro Moreno, también senador por Campeche, anunció la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). La denuncia apunta directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador; a su hijo, Andrés Manuel López Beltrán; a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado; así como a gobernadores y otros militantes de Morena. El señalamiento principal es por presuntos vínculos con el crimen organizado, además de actos de corrupción y omisiones en materia de seguridad pública.
El paquete de denuncias ante la FGR y los nombres clave
Entre los nombres incluidos en el paquete de denuncias se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Campeche, Layda Sansores. También figura Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, y Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad. Según Moreno, las denuncias buscan que «se investiguen, se esclarezcan estos hechos», destacando la inclusión del expresidente López Obrador por «los señalamientos que hay aquí y a nivel internacional de la protección y los presuntos vínculos del crimen organizado».
La red del «huachicol fiscal» y el hijo del expresidente
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la acusación contra Andrés «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente. Se le señala por presuntamente encabezar una red dedicada al «huachicol fiscal» y por su supuesta participación en negocios ilegales relacionados con la venta de combustible hacia Estados Unidos.
Adán Augusto López y los presuntos lazos con «La Barredora»
La denuncia también menciona a Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en la Cámara alta y exsecretario de Gobernación. Moreno lo acusa de mantener una relación de más de 30 años con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora.
Te puede interesar:Política exterior mexicana: presidenta se ciñe a la Constitución …
El dirigente priista afirmó contar con documentos, actas constitutivas y contratos que vinculan a López Hernández con empresas relacionadas con Bermúdez Requena y su familia. Estas empresas habrían participado en operaciones ilícitas como contrabando de combustible, cobro de piso y presuntos negocios ligados al Tren Maya. Moreno afirmó que «Adán Augusto denigra al Senado de la República» y solicitó formalmente su renuncia como coordinador parlamentario de Morena y su separación de la Junta de Coordinación política (Jucopo), argumentando que su permanencia daña la credibilidad de la institución legislativa.
Informes de inteligencia militar, citados en la denuncia, revelan que el grupo delictivo de La Barredora habría planeado suministrar más de 200 mil litros de diésel al Tren Maya, utilizando empresas y funcionarios relacionados con Bermúdez Requena, incluido un sobrino suyo que laboró en Fonatur. Moreno agregó que «se observa un patrón de encubrimiento en todos los lugares donde gobierna Morena», tras enlistar a mandatarios guindas «acusados de proteger o colaborar con grupos criminales en sus estados».
Implicaciones de seguridad nacional y el control criminal
Las denuncias se contextualizan en lo que Alejandro Moreno describió como “la peor crisis de seguridad en su historia” en México, con más de 220 mil homicidios y 125 mil personas desaparecidas. El senador subrayó que esta cifra refleja una «brutal violencia» y que «a todas luces hay un control prácticamente absoluto por parte del crimen organizado”.
El contragolpe político: el desafuero contra Moreno
Paradójicamente, la ofensiva legal del PRI contra Morena coincide con una reactivación del intento de desafuero contra el propio Alejandro Moreno Cárdenas.
La reactivación del proceso en la cámara de diputados
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados convocó a una reunión el 1 de agosto de 2025, a las 12:00 horas, en la que podría reactivarse una solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas. La acusación se centra en un presunto peculado de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019. La sesión fue convocada por el presidente de la instancia, Hugo Eric Flores, de Morena, aunque la Gaceta Parlamentaria no menciona explícitamente el caso de «Alito».
Te puede interesar:México defiende su política fronteriza: Sheinbaum rechaza el muro y …
La defensa de Alejandro Moreno: «cortina de humo»
Al referirse al intento de desafuero en su contra, Moreno Cárdenas se mostró desafiante: «No habrá desafuero. Ya se ordenó archivar y concluir con indicaciones directas al presidente de la Comisión y de la Sección Instructora. No tienen nada.» Insistió en que el gobierno presentó un «catálogo de verdaderamente tonterías, mentiras, para tratar de amedrentar». Aseguró no tener «nada que ocultar», ni «nada que esconder», y afirmó que «les volveré a ganar».
El priista calificó el proceso como una “cortina de humo y cuento chino”, y declaró no tener miedo del Gobierno. “Es un tema intrascendente para un servidor, está concluido, si ellos quieren hacer su show, que se engañen. No pueden engañar al pueblo de México, le ordenaron que esto es un asunto concluido y archivado”, sentenció. Concluyó reafirmando que «el PRI está firme, enfrentando con valentía, con carácter y con determinación. Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar. Son unos cínicos, son unos corruptos, y por eso los hemos denunciado con todos los elementos que hay a nuestro alcance para que se hagan las investigaciones”. Cabe recordar que Moreno Cárdenas promovió previamente un amparo contra cualquier acción judicial derivada de la primera solicitud, incluida la orden de cateo ejecutada el 2 de junio de 2022 en ocho de sus propiedades.
La doble dinámica de denuncias y contradenuncias entre el PRI y Morena enrarece el clima político nacional, dejando en el aire la pregunta sobre cuál de estas batallas legales y mediáticas prevalecerá, y qué implicaciones tendrá para la ya convulsa seguridad del país.
