Agencias
BACALAR- La mañana de este lunes se reportó un operativo de desalojo en la colonia Benito Juárez de Bacalar, que encendió la alerta entre vecinos y generó unos movilización ciudadana, luego de que una familia denunciara que el procedimiento se realizaba con menores de edad dentro del domicilio.
El inmueble se ubica en la calle 30 entre 25 y 27, donde autoridades acudieron para ejecutar lo que presuntamente sería una orden de desalojo. De acuerdo con testimonios difundidos por los propios afectados y vecinos, la familia asegura que no recibió notificación previa formal y que el procedimiento se estaría realizando de manera irregular.
Tras difundirse la situación en redes sociales locales, habitantes de la colonia comenzaron a concentrarse en el lugar para manifestar su inconformidad y exigir la revisión del procedimiento legal.
Algunos vecinos señalaron que dentro del domicilio se encontraban menores de edad, lo que incrementó la tensión en la zona. La presencia de ciudadanos provocó momentos de confrontación verbal y exigencias directas hacia los funcionarios presentes.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el operativo cuenta con una orden judicial emitida por un juez competente ni bajo qué figura legal se estaría ejecutando.
En medio del operativo, surgieron acusaciones de presunto abuso de autoridad y corrupción por parte de quienes intentaban efectuar el desalojo. La familia afectada pidió apoyo ciudadano y solicitó que el caso sea revisado por instancias estatales o de derechos humanos.
La situación continúa en desarrollo, mientras la comunidad permanece atenta ante un posible uso de la fuerza pública.
En México, los desalojos deben estar respaldados por una resolución judicial firme. Además, cuando existen menores de edad involucrados, las autoridades deben garantizar el interés superior de la niñez, principio establecido en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el país.
Organismos defensores de derechos humanos han señalado en distintos casos que los desalojos sin notificación adecuada o sin agotar instancias legales pueden constituir violaciones a derechos fundamentales.
Hasta el momento las autoridades municipales y estatales no habían emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.
SIM
