Por Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El Programa de Desarrollo Urbano de Cancún 2022, recientemente aprobado, afecta la calidad de vida de la población y el derecho a un medio ambiente sano, denunciaron organismos ciudadanos de Cancún a través de la Asociación Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente (Dmas).
El proceso para su aprobación, acusaron, fue una total simulación y se violentan derechos tal y como hizo el PDU 2018-2030, por lo que rechazaron el proyecto y dieron a conocer que trabajan en los amparos del mismo.
“Son tantas irregularidades que no hay forma de avanzar y se pone en riesgo el desarrollo urbano sustentable de este destino; se vieron muchos de estos planes que están dirigidos a la movilidad, se privilegia la movilidad vial y no la de peatones como es la obligación real, además de que algunos polígonos como la Sm 15 se presentan cambios de uso de suelo en un mapa diferente al que trabajó la ciudadanía”, declaró Antonela Vázquez, integrante de la Asociación Civil DMas.
Recordaron que ciudadanos participaron en talleres y en la consulta ciudadana, pero lo que se publicó es muy diferente a lo que se había presentado, por lo que el PDU atenta contra la calidad de vida de la población, convirtiéndose en una réplica que obliga a la ciudadanía a ampliar los amparos interpuestos desde 2018 y que agrega nuevos recursos legales.
Carmen Baéz, coordinadora de la Red de Vecinos, así como Celina Izquierdo, consejera ciudadana de 2019 al 2021, coincidieron en que la consulta pública resultó una simulación, ya que no se tomaron en cuenta las observaciones de la ciudadanía y lo que se publicó dista mucho de lo que se trabajó.
“Esto obliga a dar seguimiento en las instancias legales para su revocación, con la ampliación de tres amparos que se habían iniciado en 2018 y que ahora fueron ampliados y uno más que se presentó ayer”, agregaron.
Estos amparos se amplían por la violación al derecho de participación ciudadana, al mismo instrumento del PDU por sus efectos y consecuencias, al dictamen de Sedatus, que no se ha visto y la omisión legislativa de no obligar a las autoridades municipales a proteger el medio ambiente.
