Alejandro Peza
CHETUMAL.- Escuelas particulares del sur de Quintana Roo manifestaron su inconformidad y rechazo ante lo que consideraron una acción meramente recaudatoria por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), al aplicar un cobro que va desde los 40 mil hasta los 80 mil pesos por concepto de conexión a la red de distribución de agua potable, aun cuando los planteles educativos aseguran haber cubierto dicho pago desde el momento en que iniciaron operaciones.
La presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares del Sur (ADEPAS), Sibila Esquivel Ávila, explicó que esta medida ha generado preocupación y molestia entre los directivos y propietarios de escuelas privadas, quienes consideran injustificado que se les exija nuevamente un pago que ya fue realizado y que, en muchos casos, está debidamente documentado.
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Detalló que representantes de las escuelas afectadas han acudido en repetidas ocasiones a las oficinas de la CAPA con la intención de buscar una explicación clara y una solución al problema; sin embargo, la única respuesta que han recibido es que el cobro debe efectuarse “porque así está contemplado dentro de la ley de conexión”, sin que hasta el momento se les ofrezca una revisión individual de cada caso ni se tome en cuenta el historial de pagos de los planteles.
Sibila Esquivel señaló que los montos exigidos representan una carga económica considerable para las escuelas, especialmente para aquellas de menor tamaño, ya que los recursos que se destinan a este tipo de pagos impactan directamente en la operación cotidiana, el mantenimiento de instalaciones y la calidad de los servicios educativos que se ofrecen a la comunidad estudiantil.
Asimismo, subrayó que las escuelas particulares cumplen una función social relevante al complementar la oferta educativa en la región y generar empleos directos e indirectos, por lo que consideró necesario que las autoridades actúen con sensibilidad y apertura al diálogo, evitando medidas que afecten su estabilidad financiera.
La dirigente de ADEPAS no descartó que, de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la CAPA, las escuelas particulares puedan emprender acciones legales o solicitar la intervención de otras instancias estatales para que se revise la legalidad y procedencia de los cobros, así como la correcta aplicación de la normatividad vigente.
Sibila Esquivel, hizo un llamado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para establecer una mesa de trabajo en la que se analicen caso por caso las situaciones de los planteles educativos, con el objetivo de encontrar soluciones justas que no perjudiquen a las instituciones ni a las familias que dependen de ellas para la educación de sus hijos.
