La Fiscalía General de la República (FGR) recibirá una denuncia por abuso de autoridad contra Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de Guanajuato. Este caso, que ya ha captado la atención nacional e internacional, expone presuntos atropellos contra la empresa Agroverdi y 70 jornaleros, quienes denuncian la sustracción de sus ahorros y fondos de nómina tras un operativo de la Fiscalía de Guanajuato (FGE).
El polémico operativo de la Fiscalía de Guanajuato
El viernes 11 de julio, la Fiscalía de Guanajuato intervino la zona de dormitorios de jornaleros indígenas en Dolores Hidalgo, Guanajuato. La FGE informó que la acción obedecía a una investigación por el “delito de trata de personas con fines de explotación laboral”, señalando la presencia de 700 individuos en “condiciones de vulnerabilidad”. Según la Fiscalía, este operativo forma parte de una “estrategia integral para la erradicación de delitos que vulneran la dignidad y los derechos humanos”.
Sin embargo, la narrativa oficial contrasta drásticamente con los testimonios. José de Jesús Espinoza Moreno, representante legal de Agroverdi, junto a varios jornaleros, acusa a la FGE de graves abusos de autoridad durante la intervención en el rancho “El Ramillete”, donde se ubican los albergues y cultivos de hortalizas de Agroverdi. Entre los señalamientos más contundentes se encuentra la sustracción de ahorros de los trabajadores agrícolas y 289 mil pesos destinados al pago de nóminas.
Voces de las presuntas víctimas: “Vinieron a robar”
Manuela Díaz Ramírez, originaria de Ayotzinapa y con siete meses de embarazo, relató cómo el personal de la fiscalía le habría quitado 40 mil pesos que ella y su marido habían ahorrado durante un año. “Se llevaron 40 mil y pues no nos creyeron si era de nosotros ese dinero, creían que el dinero era robado, que a lo mejor nos dedicamos a otra cosa, pero ese dinero era del trabajo que nosotros trabajábamos”, declaró.
Manuela también denunció el trato recibido y la detención de su esposo, quien fue acusado de vender droga, pero liberado en 72 horas. “Nos trataron muy mal porque sólo vinieron a robar y a todos les quitaron su dinero”, reveló. La jornalera hizo un llamado al fiscal y a la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, para que le sean devueltos los 40 mil pesos, indispensables para los gastos de su parto.
Cuestionada sobre la supuesta explotación laboral investigada por la Fiscalía, Manuela fue enfática: “No, aquí nos tratan bien, nos dan todo, agua, baños, aquí hay todo; dicen que están explotando a la gente, pero no”. Narró que es el segundo año que, junto a su marido, trabajan en Dolores Hidalgo, atraídos por ofertas de empleo en su comunidad de origen.
El “circo” y la ausencia de pruebas
José de Jesús Espinoza anticipó que la denuncia ante la FGR contra Vázquez Alatriste se fundamentará en el “circo” que, asegura, la fiscalía montó en las instalaciones de Agroverdi, las cuales incluyen dormitorios, baños, guardería, lavaderos y servicio médico para los trabajadores.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) ha abierto una queja de oficio para investigar posibles abusos de la Fiscalía, la cual será ratificada por los representantes de Agroverdi. A pesar de que el operativo generó repercusión nacional e internacional, el Ministerio Público no tomó declaración a las supuestas víctimas de explotación, lo que ha levantado serias dudas sobre la base de la intervención. Además, se acusa que no se mostró una orden de cateo, alegando únicamente reportes de dos personas que afirmaban estar retenidas en contra de su voluntad.
El representante legal de Agroverdi ha negado rotundamente la explotación laboral, detallando que la empresa opera con tres turnos, salarios semanales que oscilan entre 2 mil 800 y 5 mil pesos, y que los niños son atendidos en la guardería de la instalación. “No tenemos ningún temor” de que la fiscalía judicialice el caso, afirmó el abogado, ya que, insiste, no existe explotación laboral. La empresa no ha sido citada a declarar a ningún ejecutivo, y los 289 mil pesos que habían sido confiscados fueron devueltos el miércoles. Agroverdi exporta el 60 por ciento de sus hortalizas a China, Estados Unidos y Canadá, y el 40 por ciento restante se destina al consumo nacional.
La falta de denuncias por parte de los supuestos jornaleros explotados y las contundentes acusaciones de abuso de autoridad por parte de Agroverdi y los trabajadores plantean serias interrogantes sobre la verdadera motivación y legalidad de la intervención de la Fiscalía de Guanajuato. Este caso, ahora en manos de la FGR, pone a prueba la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones de justicia en un contexto donde los derechos humanos y laborales deben ser prioritarios. ¿Será esta denuncia el inicio de una investigación profunda que desvele la verdad detrás de un operativo tan mediático como cuestionado?
