El gobierno de Estados Unidos enfrenta una demanda por homicidio culposo presentada por los familiares de Chad Joseph y Rishi Samaroo, dos hombres trinitenses que murieron en un ataque con misiles contra una presunta «narcolancha» cerca de Venezuela el 14 de octubre de 2026. Los demandantes alegan que la campaña militar, autorizada por el presidente Donald Trump, fue «manifiestamente ilegal» y tuvo como objetivo embarcaciones civiles, buscando justicia en el tribunal federal de Boston.
La acusación de homicidio culposo en Boston
La demanda se presentó el 27 de enero de 2026 en la corte federal de Boston, siendo este el primer desafío judicial directo contra la serie de ataques militares marítimos ejecutados por Estados Unidos en la región. Chad Joseph y Rishi Samaroo fueron dos de las seis personas que perdieron la vida durante el ataque con misiles.
Los familiares de las víctimas, que eran hombres trinitenses, sostienen que ellos estaban realizando labores de pesca y agricultura en Venezuela y se encontraban de regreso a sus hogares en Las Cuevas, Trinidad, cuando su embarcación fue atacada. Este reclamo desmiente la categorización de la embarcación como un objetivo militar legítimo o una «narcolancha».
«Asesinatos a sangre fría y sin ley»: el argumento de los demandantes
Los abogados han enmarcado el incidente como un acto militar sin justificación legal. Baher Azmy, abogado de los demandantes que representa al Centro de Derechos Constitucionales, declaró en un comunicado que estos actos son «asesinatos a sangre fría y sin ley; asesinados por deporte, razón por la cual necesitamos un tribunal de justicia que proclame lo que es verdad y reprima lo que es ilegal».
El Centro de Derechos Constitucionales y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han unido fuerzas para presentar la demanda, buscando sentar un precedente sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas estadounidenses en aguas internacionales.
El contexto de la política de ataques marítimos de la administración Trump
Este litigio en Boston pone en tela de juicio no solo el ataque específico del 14 de octubre, sino la legalidad de una política militar más amplia.
Desde septiembre, el gobierno del presidente Donald Trump ha autorizado 36 ataques con misiles contra embarcaciones identificadas como sospechosas en el mar Caribe y el océano Pacífico. Este número de ataques ha resultado en más de 120 muertes documentadas hasta el momento de la demanda. La acción legal busca definir si esta campaña militar a gran escala respeta el derecho internacional y las garantías de protección a civiles.
Mecanismos legales utilizados para demandar a Estados Unidos
Para proceder legalmente contra el gobierno de Estados Unidos, los abogados recurrieron a dos estatutos clave que permiten a los foráneos buscar reparación en tribunales estadounidenses. La selección de estas leyes es clave para abordar tanto la negligencia como las posibles violaciones del derecho internacional:
- Ley de Muertes en Alta Mar (DOHSA): Permite a los familiares demandar por muertes por negligencia que ocurrieron fuera de las aguas territoriales estadounidenses (en alta mar).
- Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act, 1789): Este estatuto histórico permite a los ciudadanos foráneos presentar demandas en tribunales estadounidenses por violaciones específicas de las leyes internacionales.
La presentación de esta demanda fuerza un debate judicial sobre los límites de las operaciones militares estadounidenses en aguas internacionales y cuestiona si la presunción de actividad ilícita justifica la letalidad de los ataques con misiles, especialmente cuando las víctimas alegan ser civiles inocentes que solo intentaban regresar a sus hogares.
