Solo alrededor de cuatro de cada 100 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual terminan en vinculaciones a proceso en la Ciudad de México. Esta alarmante cifra, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, revela una “gran traba” vinculada a la falta de herramientas.
Bajas cifras de vinculación a proceso
Datos de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, obtenidos vía transparencia, detallan las dificultades en la persecución de estos crímenes. De enero de 2020 a marzo de 2025, se iniciaron 4 mil 286 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual. En el mismo periodo, solo se han logrado 185 vinculaciones a proceso.
La situación en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes también es preocupante. Al 31 de marzo de 2025, se habían tramitado 60 indagatorias por este delito. Sin embargo, solo se registraron dos judicializaciones, una en 2022 y otra en 2025.
El obstáculo de las empresas de mensajería y redes sociales
La abogada penalista especializada en derechos humanos y género, Vianney Martín del Campo, señala la causa principal de este bajo índice de judicialización. La falta de herramientas del personal ministerial para obtener información de:
- Empresas de mensajería instantánea (como Telegram y WhatsApp).
- Redes sociales.
Martín del Campo, quien también se desempeña como secretaria de la Red de Abogadas Feministas de México, explica que la integración de las investigaciones es el principal problema.
Anonimato y falta de cooperación
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El acoso o la publicación no autorizada de contenido íntimo se da, en su mayoría, desde perfiles con anonimato, conocidos como perfiles falsos. Los únicos entes que podrían proporcionar información sobre la persona detrás de la cuenta son las empresas de redes sociales.
Esto representa una “gran traba” porque la mayoría de estas empresas no tienen sede en México. El Ministerio Público realiza la solicitud de información al área jurídica por correo electrónico. Sin embargo, en la mayoría de los casos:
- Nunca contestan.
- Cuando lo hacen, argumentan que no pueden proporcionar información.
- Dicen que no hay nada que los obligue.
- Consideran las cuentas privadas.
La especialista enfatiza que “gran parte de las carpetas no llegan a una vinculación a proceso, ya que no hay generación de audiencias iniciales porque no podemos saber quiénes son las personas que cometen estos delitos”. Las empresas son las que pueden proporcionar datos ligados a la cuenta, como algún teléfono o correo.
La Ley Olimpia y la violencia digital
El delito de violación contra la intimidad sexual corresponde a los apartados de violencia digital. Esta tipificación castiga la distribución, divulgación y publicación no autorizada de audios, imágenes y videos de contenido íntimo.
Dicha conducta se incluye en los actos victimizantes considerados por la Ley Olimpia. Esta legislación fue aprobada a nivel Federal el 29 de abril de 2021, y en la capital el 22 de enero de 2020, luego de la difusión de un vídeo íntimo de la activista Olimpia Coral Melo.
Revictimización y falta de capacitación
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Martín del Campo destacó la importancia de continuar trabajando en las leyes relacionadas con este ilícito. Señala que, al igual que en otros delitos sexuales, existe una tendencia hacia la criminalización de las víctimas. A ellas se les cuestiona constantemente por qué se tomaron fotografías o por qué las compartieron.
Existe también una revictimización reiterada en el proceso legal. Esto se debe, según la abogada, a la falta de capacitación del Ministerio Público y peritos.
Necesidad de convenios con empresas
Martín del Campo apremió a que el gobierno federal trabaje en convenios de colaboración con dichas empresas. Argumenta que son los únicos que pueden otorgar los datos necesarios para ubicar a los agresores. También pueden proporcionar evidencia digital, como publicaciones y mensajes eliminados. Estos datos deben ser tratados y resguardados según la cadena de custodia por la policía cibernética o el área de informática.
La lucha contra los delitos sexuales en redes sociales enfrenta un muro infranqueable en la falta de cooperación de las grandes plataformas tecnológicas. Los datos de la FGJ CDMX son contundentes y exponen la urgencia de herramientas legales y convenios internacionales que obliguen a estas empresas a colaborar con la justicia mexicana. Mientras tanto, las víctimas siguen sin acceso efectivo a la justicia. ¿Hasta cuándo persistirá esta impunidad digital?
