Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
PLAYA DEL CARMEN.- En continuidad con el trabajo que permita la inclusión de las mujeres a una vida plena, la diputada local del PAN, Cristina Torres, realizó el conversatorio denominado “Violencia política de género a la luz de las reformas 2020” con la participación de Claudia Carrillo Gasca, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).
Al inicio del conversatorio Cristina Torres expuso que aunque el término violencia política podría sonar ajeno para la ciudadanía, pero con la participación de hombres y mujeres a diario en las decisiones públicas el abanico es mucho mayor.
“Hablar de violencia política para el ciudadano común podría sonar ajeno, sin embargo, cuando lo vemos y de qué manera tan tangible se vincula con el proceso y el día a día de los hombres y mujeres que participan o inciden en las decisiones públicas, entonces el abanico se vuelve mucho mayor”, dijo.
Cristina Torres Gómez expresó que tener un marco normativo que regule las conductas de violencia de género es un gran avance a nivel nacional.
“Estoy convencida que se hará en Quintana Roo y confío que se hará esta armonización, pues es una cuestión de igualdad jurídica para tener igualdad de condiciones” puntualizó.
Al tomar la palabra, la magistrada del Teqroo, Claudia Carrillo Gasca, mencionó los antecedentes del proceso de las mujeres en la toma de decisiones de la vida política y los cargos más importantes que han ocupado:
“El cargo más importante que ha ocupado la mujer en nuestro país es de la Secretaría de Estado con Rosa Luz Alegría como secretaria de Turismo en 1976 y hasta el año 2014 se habían contabilizado 24 mujeres en Secretarías de Estado”, mencionó.
La magistrada subrayó claros ejemplos de violencia política a las mujeres y definió lo que se entiende como violencia política contra la mujer.
“Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, a la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”, explicó.
