Suele ocurrir que cuando los tres niveles de gobierno son del mismo color político, lejos de fomentar la coordinación, terminan generando subordinación.
En Quintana Roo ya hemos visto casos dramáticos de esta dinámica. Un ejemplo claro ocurrió en Cancún durante principios y mediados de la década pasada, en los aun brillantes tiempos del priismo, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República, Roberto Borge gobernador, y Paul Carrillo alcalde.
Lejos de funcionar como un equipo coordinado, Paul Carrillo hacía estrictamente lo que le ordenaba Roberto Borge, al grado de convertirse en una figura decorativa, mientras el entonces gobernador se alineaba sin cuestionar las órdenes de Peña Nieto.
DNI
En ese contexto, el Derecho de No Inmigrante (DNI), ahora llamado Derecho de No Residente (DNR), tenía un destino específico. Los recursos recaudados se distribuían así: un 70% para promoción turística a través del Consejo de Promoción Turística de México; un 10% para el mantenimiento y conservación de los Centros Integralmente Planeados (CIPs) de FONATUR; y el restante 20% para modernizar los servicios migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM).
Promoción
Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, estos recursos se redirigieron drásticamente. La mayor parte comenzó a destinarse a la construcción del Tren Maya, y posteriormente a empresas administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargadas de operar servicios aeroportuarios, ferroviarios y turísticos.
Como consecuencia, se extinguieron los fondos para la promoción turística, el mantenimiento de los CIPs y se redujo el presupuesto destinado al INM.
La recién aprobada Ley Federal de Derechos (LFD) para 2025, respaldada por la mayoría morenista en ambas cámaras, establece que el 67% de los recursos del DNR se destinarán a un fideicomiso de la Sedena, y el resto irá a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para programas federales.
La recaudación estimada del DNR para 2025, con una cuota de 42 dólares (alrededor de 860 pesos) por visitante, alcanzaría casi 27 mil millones de pesos. De esta cifra, la SEDENA recibiría 14,643.7 millones, el INM 4,899 millones, y la TESOFE 7,212.6 millones.
Sedena
El sector turismo, irónicamente, que es el que genera estos ingresos, no recibiría ni un peso.
La realidad es que el gobierno federal enfrenta un déficit severo, derivado en gran parte del sobrecosto de obras “emblemáticas” como el Tren Maya, también a cargo de la Sedena.
El costo inicial del Tren Maya se estimaba entre 150 y 180 mil millones de pesos. Sin embargo, recientemente se reportaron inversiones acumuladas cercanas a los 550 mil millones, sin incluir otros 40 mil millones que se pretenden asignar para 2025.
En medio de este déficit, el gobierno busca nuevas formas de recaudación. Una opción en el horizonte: comenzar a cobrar el DNR a los cruceristas.
