Redacción
LIMA.- El Congreso de Perú declaró este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, persona non grata por lo que consideró una “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país, luego de que su gobierno otorgara asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de 2022 durante el mandato de Pedro Castillo.
La moción impulsada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, bajo el argumento de que Sheinbaum ha mantenido una “conducta hostil” hacia el gobierno peruano desde que asumió la presidencia en octubre de 2024.
“Se ha establecido claramente que hay injerencia no sólo en palabras y declaraciones que desprestigian a Perú, sino también con este reciente hecho de dar asilo a la señora Betssy Chávez”, declaró el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.
Tras el anuncio, el gobierno peruano deberá decidir en los próximos días si otorga salvoconducto a Chávez para que pueda salir del país rumbo a México, conforme lo establecen las convenciones internacionales sobre asilo diplomático firmadas por el Estado peruano.
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El pasado lunes, Perú rompió relaciones diplomáticas con México, luego de ser notificado formalmente del asilo concedido a Chávez, quien permanece resguardada en la residencia de la embajada mexicana en Lima.
El presidente interino José Jerí informó que la encargada de negocios mexicana, Karla Ornela, fue notificada por la cancillería peruana de que dispone de un “plazo perentorio” para abandonar el país, sin precisar fechas.
Durante el debate parlamentario, las bancadas de oposición calificaron la decisión como un “papelón internacional”.
“Nos oponemos rotundamente porque aquí, una vez más, hacen el papelón internacional rompiendo relaciones con el hermano país de México. No quieren respetar el convenio sobre asilo diplomático que firmó Perú desde 1954”, dijo el congresista Jaime Quito, de la bancada Socialista.
Mientras tanto, el canciller Hugo de Zela adelantó que un grupo de juristas analiza la situación para definir una “decisión de Estado” sobre el salvoconducto de Chávez, cuyo caso mantiene en tensión la relación entre ambos países latinoamericanos.
