El 27 de diciembre de 2025, la justicia en Sonora dio un giro inesperado. Pese a enfrentar cargos graves como homicidio culposo por el incendio de Waldo’s en Hermosillo, siete personas, incluidos ex funcionarios de alto nivel, fueron liberadas por orden judicial. La Fiscalía estatal anunció de inmediato que impugnará esta controversial decisión, tomada tras una audiencia maratónica de más de 12 horas.
La liberación judicial de exfuncionarios y responsables
Siete imputados por el devastador incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s de Hermosillo, fueron puestos en libertad por determinación de un juez. El siniestro dejó un saldo trágico de 24 personas fallecidas y 12 más lesionadas.
Los liberados enfrentan cargos penales sumamente graves:
- Homicidio culposo.
- Lesiones culposas.
- Aborto.
- Incumplimiento de un deber legal.
El Ministerio Público del Fuero Común confirmó que promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar la resolución judicial, al considerar que el criterio adoptado por el juzgador es incorrecto y no lo comparte.
Quiénes son los siete imputados
Entre los detenidos que enfrentarán ahora el proceso penal en libertad, figuran ex funcionarios estatales y municipales de alto perfil, así como personas directamente relacionadas con la operación del establecimiento:
- Juan Manuel G.: Actual delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora y ex coordinador estatal de Protección Civil.
- Joaquín R.: Ex secretario del ayuntamiento de Hermosillo.
- Emanuel V.: Ex director de Inspección y Vigilancia municipal.
- José Luis A.: Vinculado a la operación del establecimiento.
- Jesús Ángel R.
- Dos personas más: Relacionadas con funciones de inspección y Protección Civil, cuyos nombres no han sido difundidos oficialmente.
La controversia procesal: 12 horas de audiencia inicial
La audiencia inicial, fundamental para determinar la vinculación a proceso, se celebró este viernes y se extendió por más de 12 horas, iniciando a las 10:00 de la mañana.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la diligencia estuvo marcada por una discusión prolongada que se centró principalmente en aspectos de forma y no de fondo de la carpeta de investigación.
El juez permitió que la defensa argumentara presuntas deficiencias en las copias del expediente, mencionando específicamente:
- La falta de color en algunas secciones.
- Problemas de legibilidad del documento.
Estos argumentos fueron escuchados a pesar de que, según la Fiscalía, la carpeta de investigación original y las copias certificadas habían sido puestas a disposición de las partes en el Juzgado Oral Penal del Distrito 1, y varios de los detenidos ya habían comparecido previamente y conocían el contenido del expediente.
Los tiempos legales en disputa
La decisión de liberar a los imputados se tomó porque el juzgador determinó que el volumen de la carpeta de investigación impedía continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso, a pesar de que, según la Fiscalía, existía tiempo legal para ello.
La liberación se ordenó no bajo el argumento de inocencia o ilegalidad en la detención, sino para conceder un plazo a la defensa para imponerse del expediente. El juez fijó un plazo de 18 días.
Esta resolución es considerada por la Fiscalía como contraria a lo establecido en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, documentos que prevén un máximo de 144 horas para este tipo de procesos.
Fiscalía de Sonora impugnará la resolución
Paralelamente a la liberación, el juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre los siete imputados, determinando que enfrenten el proceso penal en libertad.
La Fiscalía estatal aseguró que mantendrá firme la pretensión punitiva y continuará impulsando las acciones legales necesarias para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño a las víctimas.
El caso continúa oficialmente abierto. La autoridad ministerial informó que la liberación de los imputados no implica ni el cierre del proceso ni una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal. La Fiscalía subrayó que existen 25 órdenes de aprehensión en total relacionadas con el siniestro, de las cuales solo siete han sido ejecutadas hasta ahora.
El juez fijó el 13 de enero de 2026 como fecha para la siguiente audiencia.
La decisión judicial de liberar a los siete imputados, incluyendo ex funcionarios públicos de Hermosillo y Sonora, genera serias dudas sobre la aplicación de la ley y la posibilidad de que los poderosos puedan evadir la prisión preventiva argumentando tecnicismos. ¿Podrá la Fiscalía revertir esta determinación antes de la próxima cita judicial del 13 de enero de 2026 y asegurar que se cumpla la justicia para las 24 víctimas fatales?
