Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- El paquete económico para el ejercicio 2021 es un paquete inercial, donde se continúa con una política fiscal sin planeación, sin dirección y con efectos adversos a la economía del país, lo que no dará respuesta a los estragos económicos, ni hará frente a la pandemia.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el diputado federal quien fijó posicionamiento a nombre del PRD, en contra del dictamen de la Ley Federal de Derechos, resaltó que la crisis económica actual no es resultado únicamente de la pandemia, sino es consecuencia de las políticas erróneas que se han adoptado, muestra de ello dijo, es que en 2019 se cerró con una reducción en el PIB, antes del inicio de las restricciones sanitarias que iniciaron en marzo.
El diputado por el estado de Quintana Roo, destacó que es un error aprobar el dictamen del cobro del visado a personas que cruzan a nuestro país por vía terrestre, con una estancia menor a siete días, ya que para México y su economía es fundamental la actividad comercial que se genera por el paso de extranjeros a territorio mexicano.
Comentó que el incluir esta medida desincentiva el cruce comercial a Chetumal y gran número de ciudadanos verán mermados sus ingresos familiares, ya que de acuerdo al del Instituto Nacional de Migración, atraviesan los fines de semana, 2 mil 400 personas entre Belice y México.
Consideró abusivo el cobro de un 30% adicional del derecho pagado por la expedición de pasaportes con carácter de “urgentes, se tratar de generar una cuota VIP, no puede haber mexicanos de primera y segunda, se trata una vez más de una medida que solo busca juntar recursos, ignorando la realidad en la que se presenta”.
En otro tema resaltó que los derechos planteados al espectro radioeléctrico van en contra de la necesidad de avanzar en tecnologías móviles como la red 5G, que podría costar más para su desarrollo y despliegue en territorio mexicano.
Enfatizó que la eliminación del Fondo Minero fue una ocurrencia del Ejecutivo Federal, que perjudicó a entidades federativas y municipios afectados por el impacto ambiental que deja la actividad extractiva en sus territorios. “Sin embargo se conservó el recurso que se obtiene por concepto de derecho minero del 7.5%, el cual podrá ser utilizados por el Presidente a su capricho”.
