Agencias
CANCÚN.– El colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo cuestionó las cifras que han dado las autoridades de los tres niveles de gobierno sobre el fenómeno de personas desaparecidas en todo el país.
Al hacer un recuento de toda su labor, esta organización, que lidera María Pat (madre de Francisca Mariner, asesinada por su expareja en 2020), destacó que en todo el país hay más de 100 colectivos de Madres Buscadoras que se encargan de realizar una tarea que le compete a las autoridades.
En ese sentido, aseveró que las cifras oficiales, reconocidas recientemente por el gobierno federal, indican que 133 mil personas se encuentran actualmente en calidad de desaparecidas, cuando en realidad se estiman más de 400 mil.
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Indicó que el gobierno federal minimiza la responsabilidad del Estado al afirmar que la mayoría de las desapariciones se debe a «ausencias voluntarias».
«Cifras maquilladas y declaraciones insensible como: ‘ausencias voluntarias’, agregó el colectivo.
El colectivo sostuvo que la actual administración federal ha dejado claro que tampoco tiene voluntad de buscar a las personas desaparecidas.
«Bienvenidos a México, líder mundial (en desapariciones)», manifestó finalmente el colectivo.
Las cifras a las que hace mención este colectivo fueron dadas a conocer el pasado 27 de marzo en «La Mañanera del Pueblo» de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante esa conferencia, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó en Palacio Nacional las cifras oficiales sobre personas desaparecidas, estableciendo un total de 130 mil 178 registros para el periodo de 2026 a la fecha. De esa cifra, 46 mil 742 corresponden a expedientes con datos insuficientes para iniciar investigaciones; 40 mil 308 son casos con actividad posterior a la desaparición, por lo que las autoridades consideran que las personas podrían estar con vida; y 43 mil 128 no presentan actividad, de los cuales 3 mil 869 están relacionados con carpetas de investigación.
En respuesta a estas cifras, diversos colectivos reclamaron que, en esa presentación, no se detalló la metodología que sustenta la clasificación de los datos.
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