En México, la justicia suele ser selectiva. Y en el caso de Cuauhtémoc Blanco, la política volvió a ser el refugio de los poderosos.
La negativa del Congreso a desaforar al exfutbolista y actual gobernador de Morelos, acusado de violencia sexual, no solo expone la fragilidad institucional del país: revela una estrategia sistemática de Morena para proteger a sus cuadros, incluso a costa de las víctimas, de las mujeres, y de la credibilidad de la Cuarta Transformación.
El blindaje político de Cuauhtémoc Blanco: más que una decisión legislativa
El desafuero que nunca fue
La solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco llegó al Congreso con argumentos sólidos: una denuncia por violencia sexual presentada por una mujer que reclamaba justicia. La Comisión Instructora, dominada por la mayoría morenista, optó por desechar el trámite sin mayor investigación, bajo la justificación de “insuficiencia de pruebas”.
El procedimiento fue atropellado. Las legisladoras fueron convocadas en bloque, lo que sugería que el voto femenino sería determinante para avanzar. Pero la línea del partido fue otra: callar, cerrar filas y proteger al aliado. La postura final ni siquiera fue ambigua: fue rotundamente a favor de la impunidad.
“No se trató de una omisión técnica, sino de una decisión política consciente que priorizó intereses partidistas”, denunció una diputada opositora en tribuna.
Morena y la verticalidad en la toma de decisiones
El caso Cuauhtémoc Blanco se convirtió en un retrato de cómo Morena actúa desde el poder: centralismo, autoritarismo interno y desprecio por la crítica femenina. Las diputadas oficialistas no solo acataron el mandato partidista; algunas incluso defendieron la resolución con fervor.
Gritaron “¡no estás solo!” mientras una víctima quedaba en el olvido. Lo que debió ser un proceso legal con garantías para ambas partes, terminó convertido en una coreografía de lealtad ciega.
El papel del fuero: de protección legislativa a escudo de impunidad
Un instrumento distorsionado por los intereses del poder
El fuero constitucional fue diseñado para evitar persecuciones políticas. Pero en la práctica mexicana, se ha transformado en un salvoconducto de impunidad. En el caso Blanco, el fuero impidió que avanzara siquiera una investigación preliminar.
Este patrón se ha repetido con otros personajes del oficialismo: cuando hay acusaciones, la reacción institucional no es esclarecer, sino blindar. El fuero ya no protege al legislador frente al Ejecutivo; protege al incondicional frente a la justicia.
“Mientras mantenga el fuero, el mensaje es claro: el sistema protege al poderoso, no a la víctima”, apunta una analista política desde la UNAM.
La doble moral de la 4T
El discurso de la Cuarta Transformación se construyó sobre el combate a la corrupción y la promesa de no repetir los vicios del pasado. Sin embargo, el caso Blanco muestra cómo ese relato se desvanece cuando los acusados son parte del grupo en el poder.
Primero, la presidenta de la Cámara minimizó el tema. Luego, sugirió que el diputado compareciera “voluntariamente”. Pero nunca se impulsó un verdadero proceso de rendición de cuentas.
Cuando Morena tiene mayoría, la justicia es selectiva, y la impunidad se disfraza de legalidad.
La voz de las mujeres y el costo de hablar
El silencio forzado de las diputadas
Uno de los aspectos más dolorosos del episodio fue la actitud de las diputadas de Morena. No solo no defendieron el avance del desafuero, sino que defendieron públicamente la resolución que protegía al acusado. En un país donde cada día se reportan 11 feminicidios, el silencio de las mujeres en el poder puede ser una forma de violencia institucional.
“Optaron por la indignidad”, escribió una legisladora independiente. “No les importó que fuera una mujer la víctima”.
El bloque femenino oficialista pareció priorizar su lugar en la estructura partidaria antes que su compromiso con las mujeres mexicanas. La sororidad quedó fuera del recinto legislativo.
¿Quién protege a las víctimas?
En ningún momento del debate se otorgó espacio a la denunciante. No hubo acompañamiento institucional. El acusado subió a tribuna sin tener derecho formal a hacerlo. La víctima no fue escuchada.
Este tratamiento desigual refuerza un patrón peligroso: el poder puede silenciar, invisibilizar, incluso ridiculizar las denuncias si afectan al grupo gobernante. Las víctimas, en cambio, quedan a merced del aparato de impunidad.
Transparencia y justicia en retroceso
La desaparición del Inai: golpe a la vigilancia ciudadana
A la negativa del desafuero se suma otro elemento clave: la ofensiva de Morena contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Eliminar este órgano representa un golpe directo a la capacidad de los ciudadanos de vigilar al poder. Sin acceso a la información, los abusos como el de Cuauhtémoc Blanco no solo se multiplican: se normalizan.
“Si la impunidad lastima, lo hace aún más cuando se acompaña de silencio y opacidad”, advierte la periodista Ana Lilia Pérez.
Menos contrapesos, más riesgo autoritario
El caso Blanco no es una excepción: es síntoma de una tendencia. La concentración del poder, la marginación de órganos autónomos, y la eliminación de contrapesos democráticos acercan a México a un modelo autoritario.
Lo que alguna vez fue un sistema imperfecto pero en construcción, hoy enfrenta la amenaza real de la regresión democrática. Las instituciones que costaron décadas construir están siendo desmontadas en menos de un sexenio.
Morena, mayorías artificiales y consecuencias
Una mayoría que no refleja la voluntad ciudadana
La coalición oficialista obtuvo mayoría en el Congreso gracias a un diseño electoral que sobre-representa a los partidos dominantes. No fue una mayoría ganada en las urnas como tal, sino una configuración legal que distorsiona la representación.
Con esa mayoría, Morena puede aprobar leyes, blindar aliados y controlar la agenda sin necesidad de negociar. El caso Cuauhtémoc Blanco es resultado directo de ese poder hegemónico.
Ciudadanos sin voz, justicia sin rumbo
El reto va más allá de la política partidista. Es una cuestión de ciudadanía. Cuando los representantes abandonan su deber de vigilar al poder, es la sociedad quien pierde su voz y sus derechos.
México necesita una ciudadanía activa, crítica, que no se conforme con discursos ni con mayorías acríticas. Porque cuando la ley solo se aplica a los enemigos del régimen, la democracia está en peligro.
El costo de olvidar la historia institucional de México
El caso de Cuauhtémoc Blanco no solo es una afrenta para la víctima que denunció violencia sexual. Es una señal alarmante para toda la ciudadanía: la impunidad se ha institucionalizado, incluso bajo gobiernos que prometieron combatirla.
Desmantelar instituciones, proteger a los aliados, silenciar a las mujeres y criminalizar la transparencia es un camino que México ya conoció. Y que costó décadas revertir.
Tirarlo todo en un sexenio es más que un retroceso: es un acto de desmemoria democrática.
