El caso de Cuauhtémoc Blanco no solo reaviva un escándalo político: exhibe con crudeza la impunidad patriarcal que domina al Estado mexicano. La decisión del Congreso de blindarlo, pese a una denuncia por tentativa de violación, no es una anécdota aislada: es un síntoma profundo del pacto político que protege a los hombres del poder.
El blindaje institucional: el Congreso como refugio del fuero
La votación que protegió a un acusado
El jueves pasado, el Congreso de la Unión rechazó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, exgobernador de Morelos y hoy diputado federal por Morena. El dictamen presentado por la Sección Instructora fue votado en contra por la mayoría oficialista, con el argumento de que no existían pruebas suficientes y que se trataba de una persecución política.
Pero más allá del resultado jurídico, el impacto fue político y simbólico: un hombre acusado formalmente de tentativa de violación fue protegido por sus pares, blindado por la ley que debería exigirle rendición de cuentas.
La víctima, fuera del debate
Ni una sola diputada de la mayoría que votó en contra mencionó el nombre de la víctima. Nadie pidió escucharla. Nadie colocó su testimonio en el centro del debate. Fue borrada del escenario deliberadamente. El proceso político se convirtió en tribunal de exoneración anticipada.
Fuero: la herramienta de la impunidad
¿Qué es el fuero y por qué importa?
El fuero constitucional fue creado como una garantía para que legisladores y funcionarios pudieran ejercer su labor sin presiones indebidas. Pero en la práctica, se ha convertido en un escudo de impunidad. Según el artículo 111 de la Constitución mexicana, un diputado federal no puede ser procesado penalmente sin que el Congreso apruebe su desafuero.
Este mecanismo, lejos de proteger la democracia, ha servido para encubrir delitos graves cuando los acusados están alineados con el poder.
Casos emblemáticos de protección política
- Mauricio Toledo (PT), acusado de enriquecimiento ilícito: desaforado en 2021, pero prófugo en Chile hasta su captura.
- Saúl Huerta (Morena), acusado de abuso sexual contra menores: perdió el fuero, pero su proceso fue lento y politizado.
- Cipriano Charrez (Morena), implicado en un accidente mortal: el desafuero tardó casi un año.
El patrón es claro: los tiempos y desenlaces de los procesos de desafuero dependen más de las lealtades partidistas que de la justicia.
Violencia de género: la justicia selectiva en México
Cifras que confirman la impunidad
México es uno de los países con mayores índices de violencia de género en América Latina. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
- En 2023 se registraron 968 feminicidios.
- Cada día, al menos 11 mujeres son asesinadas en el país.
- Solo el 8% de las denuncias por delitos sexuales llegan a juicio.
Estas cifras muestran una estructura judicial que no responde a las víctimas. Si a eso se le suma el poder político del agresor, las probabilidades de justicia se desploman.
El silencio institucional
Organismos como la CNDH, creados para defender los derechos humanos, han permanecido en silencio ante este caso. No se ha emitido pronunciamiento alguno sobre la necesidad de garantizar el derecho de la víctima a un proceso judicial justo. La omisión es escandalosa, pero predecible en una coyuntura donde lo político se impone sobre lo ético.
Mujeres en el poder: ¿sororidad selectiva?
Feminismo de discurso, pero no de acción
Resulta doloroso observar cómo diputadas que se identifican como feministas, que han encabezado iniciativas para erradicar la violencia de género, ahora defienden a un acusado de agresión sexual con argumentos políticos. La sororidad parece tener un límite: el color del partido.
Reacciones divididas
Algunas diputadas como Martha Tagle y Salma Luévano condenaron abiertamente el voto en contra del desafuero, señalando que se está enviando un mensaje peligroso a las víctimas: “Si tu agresor es político, no vale tu palabra”.
Pero dentro del oficialismo, las voces críticas fueron mínimas. La mayoría cerró filas en defensa del legislador, reforzando la narrativa de persecución política sin atender la dimensión de género del caso.
La narrativa oficialista: persecución o cinismo político
Un discurso para exonerar
La defensa de Cuauhtémoc Blanco se centró en deslegitimar la denuncia. Argumentaron que la acusación surgió en un contexto electoral, que la denunciante tenía vínculos políticos y que todo formaba parte de una guerra sucia. La estrategia es conocida: atacar a la víctima para limpiar al agresor.
La normalización del abuso
Este caso no es un hecho aislado. Forma parte de una cultura política donde el abuso de poder se oculta bajo alfombras legislativas. Donde el fuero se usa para blindar, no para proteger la democracia. Donde los partidos negocian impunidades en nombre de sus proyectos.
Desde Morelos: el contexto local del “Cuau”
Un gobierno con señalamientos constantes
Durante su gestión como gobernador de Morelos (2018-2024), Blanco fue señalado por vínculos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito y manejo opaco del presupuesto estatal. Aun así, su figura fue protegida por la dirigencia nacional de Morena y premiada con una diputación federal.
Morelos se convirtió en un ejemplo de cooptación institucional, donde la violencia política, el desvío de recursos y el deterioro de los servicios públicos coexistieron con una impunidad estructural.
Reacción de colectivos y sociedad civil
Organizaciones como Mujeres Organizadas de Morelos y Observatorio de Violencia de Género condenaron el blindaje legislativo. Han exigido al Poder Judicial que continúe con la investigación y que se garantice la protección a la víctima. También han pedido a la CNDH y a ONU Mujeres pronunciarse al respecto.
El impacto mediático y la batalla por el relato
Narrativas en disputa
Mientras los medios independientes y los colectivos feministas han puesto el foco en la víctima y la impunidad, algunos medios alineados al oficialismo han optado por minimizar el caso, enfocándose en los supuestos móviles políticos de la denuncia.
Esto ha generado una batalla por el relato, donde las redes sociales se han convertido en el único espacio donde la ciudadanía exige justicia.
La conversación digital
En plataformas como X (antes Twitter), hashtags como #FueroParaVioladores, #JusticiaParaTodas y #CuauhtémocBlanco han marcado tendencia, revelando una creciente indignación social ante la protección institucional de acusados de violencia de género.
¿Y ahora qué? Las implicaciones de una decisión impune
Un precedente peligroso
Blindar a un político acusado de tentativa de violación sienta un precedente gravísimo: el poder puede protegerse a sí mismo incluso por encima del derecho de las víctimas a ser escuchadas. Se institucionaliza el mensaje de que denunciar no sirve de nada si el agresor tiene poder.
El costo político de la impunidad
A corto plazo, el oficialismo podrá celebrar una victoria parlamentaria. Pero a mediano plazo, este tipo de decisiones erosionan la credibilidad del proyecto político que dice representar a las mayorías. La lucha contra la violencia de género no puede ser selectiva. No puede tener excepciones.
El caso de Cuauhtémoc Blanco es una muestra más del cinismo político que impera en México. Un reflejo de cómo el fuero se ha convertido en sinónimo de impunidad. De cómo la justicia queda subordinada a los pactos partidistas. Y de cómo, incluso en un país con leyes avanzadas, el acceso real a la justicia sigue siendo un privilegio, no un derecho.
Mientras los partidos sigan protegiendo a sus figuras caídas, mientras el Congreso actúe como refugio de agresores y no como representante del pueblo, el mensaje será uno solo: la violencia contra las mujeres es tolerable si beneficia al sistema.
No se trata de condenar sin pruebas. Se trata de permitir que las pruebas hablen. Y que quien sea acusado enfrente la ley sin privilegios. Porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?
