Con más de 133 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, México enfrenta una profunda crisis forense y de investigación que impide la identificación de víctimas, el esclarecimiento de hechos y la garantía de justicia. Decenas de organizaciones civiles alertan sobre esta grave situación, mientras familiares de desaparecidos llevan su protesta a la Cámara de Diputados, plasmando la leyenda «Sin las Familias No, #EspiarNoEsBuscar» como un grito de exigencia.
La magnitud de la tragedia y la crisis forense
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, las organizaciones subrayan la alarmante realidad: la crisis forense y de investigación es un obstáculo primario para la identificación de cuerpos y la entrega digna a sus familias. Esta deficiencia institucional profundiza el dolor y la incertidumbre de miles de hogares.
La espiral de violencia contra defensores y buscadores
Las familias buscadoras, junto con defensores de derechos humanos y periodistas, operan en un entorno de alto riesgo y violencia sistemática.
Riesgos y agresiones sistémicas
“Estas familias no solo cargan con el dolor que genera una desaparición, también enfrentan riesgos, agresiones y respuestas institucionales insuficientes para localizar a sus seres queridos y garantizar sus derechos a la justicia, verdad y garantías de no repetición y como personas defensoras de derechos humanos”, recalcaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, la Red TDT, entre otras.
Desde el 1 de enero de 2016, los datos son contundentes:
- Personas buscadoras: 25 asesinadas y siete desaparecidas, de las cuales tres continúan sin ser localizadas.
- Defensores, periodistas y colaboradores: Al menos 63 personas han sido desaparecidas en posible relación con su labor. De ellas, 17 eran indígenas. El desglose revela:
- 37 defensores.
- 25 periodistas.
- u. colaborador de medio.
- 48 hombres y 15 mujeres.
- Hasta ahora, 23 continúan sin ser localizadas, lo que evidencia la gravedad y sistematicidad de estas violaciones.
Vulnerabilidad de mujeres defensoras
La situación es aún más crítica para mujeres defensoras, periodistas y buscadoras, quienes enfrentan riesgos diferenciados y mayores, incluyendo amenazas, violencia sexual y hostigamiento. Esta realidad exige medidas de protección específicas y un enfoque de género en la atención a su labor.
Geografía de la impunidad
Las entidades donde la violencia, la criminalización y la impunidad agravan aún más los riesgos para quienes buscan la verdad son:
- Guerrero
- Guanajuato
- Veracruz
- Michoacán
- Sonora
- Jalisco
- Estado de México
- Oaxaca
- Tamaulipas
Demandas urgentes al Estado mexicano
Las organizaciones que forman parte de Espacio OSC instaron en un comunicado al Estado mexicano a dar una respuesta efectiva a esta problemas y a atender de manera urgente la crisis forense y de investigación. El objetivo es garantizar que los cuerpos de las personas desaparecidas sean localizados, identificados y entregados a sus familias con respeto y dignidad.
También exigieron la aparición inmediata con vida de todas las personas desaparecidas. Al mismo tiempo, llamaron a las autoridades responsables a reconocer la labor que realizan las personas buscadoras como defensa de los derechos humanos y a atender las solicitudes de incorporación al Mecanismo de personas buscadoras, garantizando medidas de protección efectivas.
Casos emblemáticos: Un patrón de violencia
La magnitud de la violencia contra personas defensoras, buscadoras y periodistas se manifiesta en casos como:
- Sandra Domínguez: Defensora desaparecida el 4 de octubre de 2024 y encontrada sin vida meses después, pese a la denuncia y movilización social.
- Irma Galindo: Activista y guardabosque mixteca de Oaxaca, beneficiaria del Mecanismo de Protección, quien continúa desaparecida desde el 27 de octubre de 2021 mientras buscaba refugio en Ciudad de México debido al riesgo que enfrentaba.
- Roberto Hernández: Padre buscador asesinado en el Estado de México el pasado 11 de agosto.
Además del asesinato y la amenaza de desaparición forzada, estas personas son víctimas de múltiples agresiones: ataques físicos, hostigamiento, campañas de desprestigio, acoso judicial y criminalización, espionaje, desplazamiento forzado y asesinatos, entre otras. “Estas prácticas configuran un patrón sistemático de violencia dirigido a silenciar voces críticas y obstaculizar la defensa de derechos humanos, entre ellos, el derecho de las personas desaparecidas a ser localizadas y devueltas a sus familias”, indicaron las organizaciones.
La persistencia de la crisis forense y la violencia contra quienes buscan la verdad revela una falla profunda del Estado. ¿Hasta cuándo se permitirá que la impunidad y la ineficacia institucional sigan negando justicia y paz a miles de familias mexicanas?
