La resistencia obrera en el Nacional Monte de Piedad ya cumple 55 días, transformando una huelga laboral en una denuncia por la presunta privatización y saqueo de una institución de asistencia social. El epicentro del conflicto, que inició oficialmente el 25 de noviembre de 2025, se ha extendido por todo el país, incluyendo las 26 sucursales en riesgo en Guanajuato y el paro sostenido en San Luis Potosí.
El llamado a la acción: no paguen y denuncien ante Profeco
El mensaje del sindicato a los usuarios, la parte más sensible del conflicto, fue contundente y sin precedentes. Guadalupe Vargas, secretaria general de la Sección 8 en León, Guanajuato, solicitó directamente a los usuarios que tomaran partido ante la crisis.
“Lamentamos profundamente la afectación. Lo que más nos duele es que nuestro cliente es el principal afectado. Les pedimos comprensión, apoyo y que denuncien ante Profeco”, señaló Vargas, quien aseguró a los clientes que sus prendas están seguras y no se venderán ni vencerán.
El punto central de la estrategia sindical es presionar a la administración a través de la vía pública y legal, alentando a los clientes a no pagar sus refrendos y a interponer quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que obliguen a la administración al diálogo.
55 días de resistencia: el origen del conflicto y las violaciones al contrato
Los trabajadores han sostenido la huelga «el tiempo que sea necesario» a pesar de llevar casi dos meses sin percibir salario, sobreviviendo con ayuda familiar, ventas personales y aportaciones de otros sindicatos.
El conflicto, según el sindicato, tiene un origen que se remonta a cinco años atrás, cuando la administración comenzó a presionar para modificar, debilitar o eliminar el contrato colectivo de trabajo, un documento con 70 años de existencia. Durante ese periodo, se acumularon graves violaciones laborales que incluyen:
- Tres años consecutivos sin aumento salarial (2021-2023).
- Salarios por debajo de dos salarios mínimos.
- Cero ascensos escalafonarios entre 2022 y 2025.
- Intentos de impedir la legitimación del contrato colectivo.
- Hostigamiento, amenazas y presión para cambiar de sindicato.
El conflicto se agudizó en 2024, cuando la administración presuntamente incumplió con los acuerdos firmados tras una huelga previa.
La violación clave que encendió la huelga
La gota que derramó el vaso y encendió la huelga de 2025 fue la remoción unilateral del escalafón. Este proceso, que debe realizarse por antigüedad y en coordinación con el sindicato según el contrato, fue ejecutado en solitario por la administración.
Guadalupe Vargas acusó que este movimiento benefició a «gente con muy poca antigüedad, perteneciente al sindicato patronal», colocando a 300 trabajadores en plazas de alto nivel, a pesar de que existían más de 700 vacantes en todo el país.
El sindicato señaló que este proceso se realizó a espaldas del Comité Ejecutivo Nacional, sin respetar el contrato y sin permitir la participación del sindicato mayoritario, con el objetivo de debilitar a la organización titular.
Hostigamiento, despidos y el «secuestro» de valuadores
Además de los conflictos contractuales, los trabajadores acusan cambios unilaterales en la jornada laboral, pasando a un horario continuo de 8:30 a 17:00 horas, donde en muchas sucursales no se les permite la media hora de comida.
Según la líder sindical, gerentes levantan reportes, suspenden y afectan económicamente a los empleados para «cansarlos y obligarlos a doblar las manos».
Un episodio catalogado como el más grave ocurrió en 2024: la administración presuntamente «encerró a casi 400 valuadores en salones, con seguridad en la puerta, y ahí mismo los liquidaron». La acusación es que fueron obligados a firmar contratos nuevos que les retiraron todas sus prestaciones. Aunque ese grupo fue despedido y recontratado bajo nuevas reglas, la mayoría de esos mismos valuadores ahora apoyan la huelga desde fuera.
Las finanzas opacas: oro, intereses y el patronato millonario
La líder sindical Guadalupe Vargas advierte que la problemática va más allá de lo laboral y expone una estructura financiera cuestionable, pues el Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia social sin dueño, administrada por un patronato.
Según los trabajadores, esta cúpula opera como una «élite empresarial», manejando la institución «como si fueran dueños de un banco privado». Las acusaciones de índole estructural se centran en tres puntos:
- Extracción masiva de oro: El oro de prendas no recuperadas se recoge en todas las sucursales, se funde en una concentradora y se transporta sin transparencia. La líder sindical relató: “Sacaron muchísimo oro del Monte de Piedad. Oro de prendas que ya no se recuperan. Lo retiran, lo llevan a una concentradora, lo funden y nadie sabe a dónde va”. Se añade que uno de los personajes del patronato está presuntamente ligado a Peñoles, la empresa minera, y participa en la recolección y fundición de dicho oro.
- Creación de la “Financiera Monte de Piedad”: La administración presuntamente creó una financiera interna usando dinero del Monte de Piedad, una institución sin fines de lucro. Ningún trabajador forma parte de esa financiera ni recibe beneficios.
- Cobro de intereses elevados: Las tasas han escalado, alcanzando entre 3.5% y 7.6%, niveles que irían en contra del propósito social de la institución. Además, la clasificación de clientes por categorías (bronce, plata, oro, diamante) es vista como una privatización del trato.
Salarios de la cúpula frente a la base trabajadora
El contraste entre los recortes salariales en la base y los ingresos de la cúpula directiva ha sido uno de los pilares de la denuncia sindical. Arturo Zayún González, líder nacional del sindicato, sintetizó la situación financiera al señalar que en 2024 la institución tuvo un remanente de 12 mil millones de pesos, y que la huelga ya ha generado pérdidas de casi 2 mil millones de pesos.
El sindicato exhibe la documentación fiscal del propio Nacional Monte de Piedad, IAP, revelando la lista de los siete integrantes del patronato y sus salarios anuales, que suman un total aproximado de 29.7 millones de pesos al año:
Integrante del Patronato | Cargo | Salario anual
Jorge Eduardo Alonso Olivares | Vocal | 5,990,919 pesos
José Antonio Palacios Pérez | Presidente | 5,322,453 pesos
Carlos Antonio Zozaya Gorostiza | Vocal | 4,036,733 pesos
Dionisio Hilario García Silva | Vocal | 4,006,830 pesos
Pedro Romero de Terreros Gómez Morin | Secretario | 3,624,070 pesos
Juan Miguel Guerra Dávila | Vocal | 3,451,789 pesos
Margarita Hugues Vélez | Vocal | 3,272,508 pesos
Estos montos implican un promedio de más de 4.2 millones de pesos por persona anualmente, un contraste que, según los trabajadores, confirma que la cúpula directiva conserva sueldos millonarios por sesionar unas cuantas veces al año, mientras la institución congela ascensos y recorta prestaciones.
La huelga es legal y justificada: el fallo del tribunal
Pese a los intentos de la administración por declarar la huelga «ilegal» ante tribunales federales, la justicia falló a favor de los trabajadores. La votación fue contundente: el 97% del personal votó y el 75.25% lo hizo a favor del paro.
El Tribunal Federal Laboral declaró la huelga existente, legal y justificada, confirmando que la administración sí violó el contrato colectivo.
A pesar de este fallo legal, que ordena reparar daños y pagar salarios caídos, el sindicato asegura que la administración no ha mostrado señales de diálogo ni ha citado a conciliación. Ninguna autoridad del patronato ha emitido un comunicado público explicando la causa del cierre prolongado.
Presión interna y apoyo nacional
La líder sindical Guadalupe Vargas denunció que directivos, como Aldo Achar (de Factor Humano) y Mariana Veloz (de Relaciones Laborales), instruyeron a gerentes para presionar a los trabajadores a votar contra la huelga. Afirma que se hizo una campaña interna de miedo y mentiras para manipular el voto, pero que, aun así, el «sí» ganó de manera contundente.
Mientras la Sección 8 en León mantiene cinco sucursales encerradas, con empleados que han tenido que trabajar temporalmente o hasta como «viene-viene» para llevar comida a casa, el sindicato ha recibido respaldo crucial de diversas organizaciones, incluyendo a los Telefonistas de México, la CROC, la CROM, la CTM, sindicatos del Metro y de aviación, así como federaciones de la Ciudad de México y trabajadores jubilados del propio Monte.
La defensa del contrato colectivo es vista como un «parteaguas» a nivel nacional. Si este sindicato logra recuperar sus derechos, Guadalupe Vargas sostiene que «otros sindicatos podrán recuperar derechos dentro de sus empresas». La exigencia final es clara: «Sólo queremos que respeten lo que ya está en el contrato. Nada más».
Los trabajadores han pedido disculpas a los clientes por las molestias, pero aseguran que no se moverán hasta detener lo que consideran un proceso de privatización interna y saqueo. Lo dicen con la convicción de que “El Monte de Piedad es del pueblo de México. No de siete personas que lo están usando como negocio”.
