La preocupación entre varios líderes republicanos aumentó drásticamente el 25 de enero de 2026 tras el asesinato de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense, a manos de un agente federal en Mineápolis. Este suceso desató una intensa crítica hacia las tácticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), llevando a funcionarios del partido a exigir responsabilidad y una revisión de la estrategia migratoria de la administración Trump.
La muerte de Pretti, un enfermero de 37 años que laboraba en una unidad de cuidados intensivos (UCI), expuso una profunda división interna, con figuras prominentes demandando transparencia mientras que funcionarios de la administración defendían las políticas de línea dura y culpaban directamente a líderes demócratas por la escalada de la tensión en Minesota.
El impacto del asesinato de Alex Pretti en el GOP
El incidente en Mineápolis, ocurrido el sábado previo al 25 de enero de 2026, donde un agente de la Patrulla Fronteriza ultimó a Alex Pretti, ha generado una fisura significativa dentro del Partido Republicano. Pretti no era un inmigrante indocumentado; era un ciudadano estadounidense nacido en Illinois y había participado en protestas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump.
Este contexto elevó la crítica de un puñado de republicanos, quienes enfocaron sus declaraciones en la necesidad de controlar las tácticas federales y garantizar la rendición de cuentas, un tema que se posicionó por encima de la defensa ciega de las políticas de la administración.
Voces críticas dentro del Partido Republicano
La reacción de los líderes republicanos críticos fue unánime al solicitar prudencia y transparencia en la investigación.
Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma, calificó la muerte de Pretti como una «verdadera tragedia» en el programa State of the Union de la cadena CNN. Stitt manifestó que la muerte de estadounidenses estaba generando «profundas preocupaciones sobre las tácticas federales y la rendición de cuentas», y sentenció: «A los estadounidenses no les gusta lo que están viendo en este momento».
El gobernador sugirió que el presidente Trump estaba «recibiendo malos consejos en este momento» y que era imperativo que definiera al pueblo estadounidense la «solución» y el «objetivo final» de las operaciones. Stitt hizo un llamado a buscar soluciones en lugar de politizar la situación y concluyó que, dado que los ánimos estaban «descontrolados», era necesario «calmar esto».
La credibilidad de ICE y DHS bajo escrutinio
Las preocupaciones se extendieron a la cúpula legislativa, donde dos senadores republicanos señalaron directamente la crisis de confianza generada por las agencias federales.
Bill Cassidy, senador por Luisiana, describió el incidente en una publicación de redes sociales como «increíblemente perturbador» y advirtió que la «credibilidad de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y DHS (Departamento de Seguridad Interior) está en juego».
Thom Tillis, senador por Carolina del Norte, instó de manera directa a una «investigación exhaustiva e imparcial». Tillis emitió una clara advertencia a los funcionarios de la administración que pudieran intentar interferir en el proceso:
> «Cualquier funcionario del gobierno que se apresure a emitir un juicio y trate de cerrar una investigación antes que comience está haciendo un increíble perjuicio a la nación y al legado del presidente Trump.»
La defensa de línea dura y la acusación de caos
En contraste con las demandas de investigación y cautela, los funcionarios del gobierno de Trump defendieron la robustez de las tácticas de inmigración, optando por desviar la culpa hacia los líderes de la oposición.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, aunque reconoció que «es una tragedia cuando alguien muere», atribuyó la responsabilidad del clima de conflicto a la gestión local. En entrevista para el programa This Week de la cadena ABC, Bessent culpó a los líderes demócratas en Minesota por supuestamente «fomentar el caos».
Bessent sostuvo que existen «muchos agitadores pagados que están avivando las cosas» y criticó que el gobernador de Minesota no había hecho un buen trabajo para calmar la situación.
Estigmatización de propietarios de armas
La controversia escaló al involucrar a organizaciones defensoras del derecho a portar armas. Tras el tiroteo en el que murió Alex Pretti, estos grupos criticaron duramente los señalamientos emitidos por funcionarios federales. Las organizaciones consideraron que estas declaraciones estaban estigmatizando a los propietarios legales de armas de fuego en el país.
El choque entre las tácticas federales, la seguridad ciudadana y la división política interna sugieren que la crisis de Minesota es más que un simple incidente aislado, poniendo a prueba la cohesión de la base republicana y la justificación de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno central.
