Una herida abierta que no cicatriza
La crisis de desapariciones en México ya no es un tema exclusivo de colectivos o activistas: ha irrumpido con fuerza en la agenda política nacional. En un país donde más de 100 mil personas están reportadas como desaparecidas, el silencio institucional es tan grave como los crímenes. Hoy, tanto el PAN como el PT han coincidido: el Estado no puede ser omiso.
El consenso político ante una tragedia nacional
El PT: sin excusas frente a la realidad
Desde la izquierda, el Partido del Trabajo (PT) lanzó un mensaje claro: no se puede cerrar los ojos ante la realidad que viven miles de familias. Su dirigente nacional, Alberto Anaya Gutiérrez, respaldó la propuesta presidencial para construir un nuevo marco legal que atienda integralmente el problema de las desapariciones.
“Este grave problema no se puede ignorar”, sostuvo Anaya, en un comunicado que también fue una advertencia: los funcionarios que no cumplan con su labor, deben salir del gobierno.
El PT aplaudió el inicio del diálogo entre la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y los colectivos de buscadoras. Pero más allá del reconocimiento simbólico, pidió escuchar directamente a las víctimas, académicos y organizaciones civiles, con el fin de crear soluciones duraderas.
PAN: respaldo a madres buscadoras y exigencia de rendición de cuentas
Desde el otro extremo ideológico, el Partido Acción Nacional (PAN) fue igualmente enfático. Su propuesta fue más técnica y operativa: crear un fondo especial para madres buscadoras, facilitar el acceso a las carpetas de investigación y abrir la puerta a una comisión internacional de expertos que brinde asesoría.
En voz de su dirigente nacional, Jorge Romero, el PAN exigió también un parlamento abierto para que las voces de las víctimas no sean marginales, sino protagonistas en la construcción de políticas públicas.
“Que ni una madre más tenga que buscar sola”, declaró Romero, quien también pidió la renuncia de Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que considera una actuación “indiferente” ante la crisis.
¿Por qué es relevante este posicionamiento político?
De la protesta ciudadana a la agenda legislativa
Durante años, la lucha contra las desapariciones ha sido encabezada por familiares organizados, mayoritariamente mujeres que, con sus propios recursos, han hecho búsquedas en fosas, basureros y brechas. Su dolor, muchas veces ignorado por las instituciones, comienza a resonar en el Congreso.
La coincidencia entre el PAN y el PT es, en sí misma, un dato político relevante. Pese a sus diferencias históricas, ambos partidos reconocen que el Estado mexicano ha fallado y que es momento de responder con seriedad.
Marco legal en construcción
La iniciativa presidencial para crear un nuevo marco normativo aún no se presenta formalmente, pero desde ya genera expectativas. Se prevé que incluya ajustes a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, así como nuevas reglas para la actuación de fiscalías, comisiones estatales de búsqueda y fuerzas de seguridad.
La postura del PT indica que habrá respaldo parlamentario desde la 4T, mientras que el PAN podría empujar una discusión pública más amplia, con participación de actores internacionales.
Las familias buscan más que discursos
El peso del territorio: búsqueda sin Estado
En regiones como el Caribe Mexicano y el sureste del país, las desapariciones han aumentado en los últimos cinco años. Quintana Roo, por ejemplo, enfrenta una situación alarmante con desapariciones ligadas al crimen organizado y la trata de personas, muchas veces invisibilizadas por el discurso turístico dominante.
Allí, como en otros estados, las madres buscadoras siguen realizando brigadas sin protección, exponiéndose a riesgos y amenazas. Las propuestas partidistas aún no aterrizan en políticas públicas locales efectivas.
¿Qué exigen las familias?
Las demandas son claras:
- Acceso completo y sin trabas a carpetas de investigación
- Protección a buscadoras en campo
- Castigo a funcionarios omisos o cómplices
- Participación activa en diseño de políticas
- Mecanismos de identificación forense accesibles y dignos
Cada propuesta partidista que no parta de esta realidad corre el riesgo de ser percibida como oportunismo político.
Un Estado que no protege, ¿para qué sirve?
La pregunta de fondo tras esta “coincidencia política” no es menor. ¿Puede el Estado mexicano responder de manera efectiva a la crisis de desapariciones, o estamos condenados a seguir en la normalización de la tragedia?
Tanto PAN como PT parecen entender que el costo político de la indiferencia es ya insostenible. La lucha por las desapariciones no puede ser sólo simbólica ni mediática: requiere compromiso presupuestal, legal y operativo.
Si algo deja claro este momento es que la presión social funciona. Las familias organizadas han logrado empujar a los partidos a pronunciarse, pero la pregunta es si estas palabras se convertirán en leyes, recursos y protección real.
El silencio ya no es opción
La coincidencia entre PAN y PT es histórica en un tema que duele al país entero. Ya no hay espacio para la indiferencia: México está obligado a mirar de frente su crisis humanitaria.
El verdadero desafío no está en los discursos, sino en la capacidad institucional de proteger vidas, encontrar a los desaparecidos y reparar el daño. Porque cada madre que busca, lo hace también por todos nosotros.
