• Morena, Verde y PT impulsan nueva ley contra el flagelo del siglo XXI.
• ¿Habrá confianza hacia las instancias que protegerían a quienes se atrevan a denunciar?
• María José Osorio, Ricardo Velazco y Hugo Alday presentaron la iniciativa.
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
La corrupción es el flagelo del siglo XXI. Permea a gobiernos de partidos de todos los colores; de países ricos y pobres; de dictaduras y democracias; a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo por igual.
En este marco de alta corrupción que la 4T no ha podido disminuir, se presentó la iniciativa para crear la nueva Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción de Quintana Roo, en la que se creará una especie de “testigo protegido” en la materia. Es una medida no preventiva como ha prevalecido; se trata de atacar la corrupción ya consumada, que se sabe está ahí, pero sin comprobarse; ante la incapacidad de leyes e instituciones se apelará ahora a “personas valientes” que denuncien o atestiguen.
El tema de la corrupción es el más legislado en México y en Quintana Roo, pero también el más violado. Es una enfermedad que está en el adn de la clase política en general, que se las ingenia para darle la vuelta a las leyes y mantener anchos espacios de discrecionalidad opaca en el manejo de los recursos públicos y los negocios sucios derivado del poder.
La iniciativa fue presentada por los tres partidos de la 4T: Morena, Verde y PT, a través de la diputada, María José Osorio Rosas, diputado Ricardo Velazco Rodríguez y diputado Hugo Alday Nieto que decidieron agarrar el toro por los cuernos. Fue leída en el pleno de la 18ª Legislatura el pasado 12 de junio y se turnó a comisiones.
“Estamos impulsando esta iniciativa que genera la figura de testigo protegido en caso de corrupción, para que denuncien y no tengan miedo a perder su trabajo, ni a las represalias personas que muchas veces se toman en su contra”, expresó María José Osorio en el marco de la sesión en la que se dio lectura a la iniciativa.
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Por su parte, Ricardo Velasco declaró que el proyecto legislativo contempla “un marco integral de protección que incluye resguardo de identidad, apoyo psicológico, reubicación y uso de herramientas tecnológicas para garantizar la seguridad de los denunciantes”. Todo ello, subrayó, se llevará a cabo respetando siempre los derechos procesales y la presunción de inocencia de los señalados.
“Y que no se equivoquen: esta iniciativa es una afrenta directa a quienes han hecho del poder un botín. La corrupción no es un mal menor, no es una anomalía del sistema… la corrupción es el sistema mismo cuando las instituciones han sido secuestradas por intereses privados”, enfatizó por su parte Hugo Alday.
En parte, es una ley que los estados están obligados a crear, en el marco de la legislación nacional y los acuerdos internacionales de México en la materia.
Se creará un mecanismo específico que proteja a ciudadanos, funcionarios, empresarios y organizaciones civiles que se atrevan a denunciar.
Un fraseo revelador: “No estamos legislando solo para el presente, sino para las futuras generaciones: nunca más una persona amenazada por denunciar la corrupción; nunca más el Estado contra quien busca justicia; nunca más el silencio impuesto por el miedo”, afirmaron desde la tribuna.
La pregunta es: ¿Habrá confianza hacia las instancias que protegerían a quienes se atrevan a denunciar actos de corrupción? Usted tiene la última palabra.
