Redacción
CHETUMAL- Con responsabilidad democrática y en estricto apego al Estado de Derecho, el Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo, encabezado por su presidenta Cora Amalia Castilla Madrid, se suma a la exigencia nacional para demandar la nulidad del proceso de elección judicial celebrado el pasado 1 de junio, ante las múltiples irregularidades que vulneraron gravemente los principios de legalidad, equidad y libertad del sufragio.
Desde Quintana Roo se han documentado prácticas que no sólo comprometen la legitimidad del proceso, sino que configuran un fraude estructurado. Tal es el caso del uso masivo de “acordeones”, documentos con listas prediseñadas de candidaturas, que fueron distribuidos en oficinas públicas, redes sociales y entre beneficiarios de programas sociales. Se han identificado al menos 37 modelos distintos de estos “acordeones”, con coincidencias del 80 % al 85 % con los resultados oficiales. En Quintana Roo, su presencia se detectó particularmente en zonas urbanas marginadas, donde incluso se vincularon con la entrega de apoyos asistenciales.
El Instituto Nacional Electoral ha reconocido que más de 54.2 millones de votos fueron anulados por razones como boletas en blanco, mal llenadas o con múltiples marcas. A nivel nacional, la participación apenas alcanzó el 13 %, cifra muy por debajo del mínimo esperado por el propio gobierno federal, lo cual refleja el profundo desinterés, desinformación y desconfianza ciudadana hacia este mecanismo.
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Además, 818 casillas fueron anuladas por irregularidades, como votos idénticos, participación atípica o boletas sin doblez —una clara señal de que no fueron introducidas en urnas—. Estas casillas representan el 0.97 % del total nacional. En Quintana Roo se documentaron casos donde el 100 % de los votos eran para un solo candidato, lo que resulta estadísticamente inverosímil y éticamente inadmisible.
En el estado también se presentaron denuncias sobre la entrega de “acordeones” junto con propaganda y amenazas veladas de perder apoyos sociales. Se han iniciado procedimientos administrativos ante el INE, que ya emitió 28 medidas cautelares a nivel nacional y ha recibido 29 denuncias formales por estas prácticas.
“La elección judicial fue un montaje que disfrazó de democracia lo que en realidad fue una imposición desde el poder. No sólo se vulneró la equidad de la contienda, sino que se distorsionó la voluntad popular con mecanismos de manipulación masiva e injerencia oficialista”, declaró Cora Amalia Castilla Madrid.
Desde el PRI en Quintana Roo se hace un llamado enérgico al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, con base en el cúmulo de pruebas presentadas, declare la nulidad de esta elección, en respeto al principio constitucional de elecciones libres, auténticas y legales. . De no encontrar respuesta en las instancias nacionales, el partido valora acudir a organismos internacionales como la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en defensa de los principios democráticos y de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.
¡Ni silencio, ni sumisión! Exigimos legalidad, equidad y justicia electoral.
