En un hito de cooperación binacional, México ha recibido a 14 de sus ciudadanos que cumplían condenas en Estados Unidos por delitos contra la salud. Este traslado de prisioneros México Estados Unidos se llevó a cabo bajo un tratado bilateral, buscando su reinserción social con mayor proximidad familiar.
Contexto y marco legal del traslado binacional
Autoridades de México, en coordinación con el Gobierno estadunidense, han posibilitado la recepción de 14 connacionales que fueron sentenciados en aquel país por delitos contra la salud. Esta acción se llevó a cabo en estricto apego a las normas constitucionales de México y en cumplimiento del Tratado entre México y los Estados Unidos de América sobre la Ejecución de Sentencias Penales.
El objetivo primordial de esta transferencia es facilitar la reinserción social de estas personas al trasladarlas a un centro penitenciario en territorio nacional, permitiéndoles mayor proximidad a sus familias. Este evento se identificó como el Traslado Internacional número 185.
Actores clave y la visión de reinserción
La realización de esta operación requirió la coordinación interinstitucional del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), este último adscrito a la Secretaría de Gobernación.
La Fiscalía General de la República (FGR) subrayó que el traslado internacional de sentenciados es un procedimiento diseñado para buscar una reinserción social incluyente. Para lograr este cometido, se toman en cuenta elementos cruciales como el lugar donde se cumplirá la condena, el cual debe ofrecer un ambiente vital que comprenda valores sociales, tradiciones, idioma y el núcleo familiar del individuo.
La perspectiva de estados unidos: Eficiencia y ahorro
Desde la óptica estadounidense, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, con el apoyo de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), concretó el traslado de los 14 ciudadanos mexicanos. Estos individuos cumplían condenas por delitos relacionados con la distribución de drogas en Estados Unidos. La transferencia se ejecutó conforme al tratado de transferencia de prisioneros entre ambos países.
Matthew R. Galeotti, el Fiscal General Adjunto Interino de la División Penal del Departamento de Justicia, destacó las implicaciones económicas de esta operación. Declaró que «el traslado de 14 reclusos federales a autoridades penitenciarias en México el viernes ha ahorrado a Estados Unidos más de 4 millones de dólares al eliminar la necesidad de pagar los costos de encarcelamiento por los 96 años restantes de sus sentencias combinadas».
Galeotti también señaló el compromiso del Departamento de Justicia de continuar con estas transferencias, en línea con el tratado con México. El propósito es doble: reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en las prisiones federales de Estados Unidos.
Los 14 reclusos transferidos el pasado viernes cumplían condenas directamente relacionadas con la distribución de sustancias controladas. Se confirmó que cumplirán el resto de sus condenas en México, respetando los términos del tratado. Además, se reveló que estos individuos «solicitaron ser trasladados a su país de origen, y los gobiernos de Estados Unidos y México aprobaron estos traslados». Este procedimiento forma parte del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, una iniciativa promulgada por el Congreso de Estados Unidos.
Este Traslado Internacional número 185, más allá de la cifra y el ahorro económico para Estados Unidos, subraya la compleja dinámica de cooperación binacional en materia de justicia. ¿Representa este tipo de acuerdos un camino efectivo hacia una reinserción social más humana, o es también una medida de pragmatismo penitenciario que oculta desafíos aún mayores en el sistema penal de ambos países?
