Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.— La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) asumió funciones operativas para el cobro, administración y fiscalización del impuesto predial en el municipio de José María Morelos, mediante un convenio de coordinación publicado en el Periódico Oficial del Estado.
“El objeto del convenio es fortalecer la recaudación municipal, modernizar los procesos administrativos y mejorar el control del padrón de contribuyentes”, establece el documento firmado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.
El acuerdo faculta al Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQRoo), órgano desconcentrado de Sefiplan, para realizar notificaciones, requerimientos, procedimientos administrativos de ejecución, control de cuentas, uso de plataformas digitales de pago y acciones de fiscalización relacionadas con el predial.
Aunque el Estado asume la operación técnica del cobro, el convenio precisa que el impuesto predial sigue siendo ingreso exclusivo del Municipio, que conserva la titularidad de la contribución y el control normativo sobre tarifas, estímulos y disposiciones fiscales.
Como parte de los compromisos, el Ayuntamiento deberá entregar al SATQ su padrón catastral, bases de datos, expedientes y facilitar la colaboración institucional, además de reconocer los actos administrativos que deriven de la ejecución del convenio.
El documento también contempla que el SATQRoo podrá recibir una retribución económica por los servicios prestados, la cual será determinada mediante instrumentos administrativos posteriores entre ambas partes.
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El convenio fue firmado el 15 de enero de 2026 por la titular de Sefiplan, Martha Parroquín Pérez; el director general del SATQRoo, Héctor José Contreras Mercader; y el presidente municipal de José María Morelos, Erik Noé Borges Yam, y tiene una vigencia inicial de un año, con posibilidad de renovación.
Uno más
Paulatinamente, el Gobierno del Estado ha asumido también la operación y control de otros ingresos que tradicionalmente eran administrados por los ayuntamientos, mediante esquemas de centralización administrativa o financiera.
Entre los casos más visibles se encuentran el derecho de saneamiento ambiental, cuyo manejo ha sido trasladado en varios municipios a fideicomisos y estructuras con fuerte injerencia estatal, y la expedición de licencias de conducir, proceso que hoy se encuentra totalmente concentrado en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el SATQRoo, dejando a los gobiernos municipales sin intervención operativa real.
Críticas
La transferencia de facultades tributarias de los ayuntamientos al Gobierno del Estado ha sido cuestionada por la oposición, particularmente por Movimiento Ciudadano.
El diputado José Luis Pech Várguez ha planteado en el Congreso de Quintana Roo una crítica sostenida a las reformas recaudatorias y a los paquetes fiscales de 2026, al considerar que representan un “golpe tributario” para ciudadanos, empresas y turistas, debido a la inclusión de nuevos derechos y aumentos en contribuciones sin mejoras equivalentes en los servicios públicos.
En tribuna, Pech cuestionó diversos elementos de los proyectos de leyes de ingresos municipales, al advertir que se incorporan cobros que incrementarán la carga fiscal de la población sin garantizar beneficios proporcionales.
También advirtió sobre el aumento de derechos como el saneamiento ambiental, que an algunos municipios como Cozumel, ha pasado de los ayuntamientos al Gobierno del estado y que se fijó hasta en 46% de la UMA.
De paso, y cuestionó que no exista una correlación clara entre el incremento de los montos y la calidad actual de servicios como recolección de residuos y manejo de drenaje en destinos turísticos.
Pech manifestó además su rechazo a la forma en que algunos ingresos se han redistribuido, al señalar que, en materia de movilidad, los municipios cedieron ingresos asociados a licencias de conducir y otros derechos al Imoveqroo, sin que hasta ahora exista transparencia sobre el modelo operativo y financiero del sistema de transporte que se pretende implementar.
El legislador advirtió que votaría en contra del Paquete Fiscal Municipal 2026, al considerar que las medidas propuestas elevarían la carga fiscal sin mejorar sustancialmente los servicios públicos municipales, postura que ha reiterado de manera pública frente a la composición de los nuevos ingresos locales.
