La joya del Caribe mexicano, la Riviera Maya y Holbox, enfrenta una crisis ambiental documentada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). En los últimos dos años, se han registrado más de 25 denuncias por proyectos y construcciones ilegales en ANP de Quintana Roo, evidenciando un desarrollo desordenado con graves implicaciones ecológicas.
La escalada de denuncias por invasión inmobiliaria
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha documentado una preocupante tendencia de invasión en zonas de alta sensibilidad ambiental. En los últimos dos años, la institución ha recibido más de 25 denuncias formales por edificaciones irregulares dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ubicadas tanto en la Riviera Maya como en la Isla de Holbox.
Estos expedientes ya han sido turnados para procedimiento legal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General del Estado. La acción penal y administrativa se debe a que estos proyectos se levantan sin respetar la normatividad ambiental vigente.
Revisión rigurosa de manifestaciones de impacto ambiental
Juan Carlos Romero Gil, director regional de la Conanp para la Península de Yucatán y el Mar Caribe, detalló el estado de la revisión regulatoria. El funcionario explicó que existe un alto volumen de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) bajo estudio. Romero Gil aseguró que «la gran mayoría han sido negadas porque no reúnen los requisitos de protección y aprovechamiento» necesarios para operar en estas zonas sensibles.
Estrategias de compensación ecológica y fallas institucionales
Pese al avance de las invasiones, la Conanp está enfocando esfuerzos en acciones de compensación ecológica destinadas a mitigar los efectos del desarrollo desordenado que ocurre en la región. Estas acciones incluyen:
- Restauración de dunas.
- Programas de reforestación.
- Recuperación de pastos marinos.
Además, se ha establecido una coordinación activa con el Gobierno de Quintana Roo, una colaboración que ha resultado en la identificación de más irregularidades. Estas fallas suelen estar vinculadas directamente a permisos de expansión inmobiliaria y a la ejecución de obras paralelas no autorizadas.
Holbox: El impacto del fuego en Yum Balam
Romero Gil también abordó el reciente incendio forestal que afectó la Isla Grande de Holbox. Este siniestro consumió 670 hectáreas fuera de la temporada habitual en el área de Punta Mosquito-La Ensenada, una región crítica que forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam.
Aunque la causa oficial del fuego fue catalogada como natural, organizaciones ambientalistas han advertido que el evento podría estar directamente relacionado con las crecientes presiones inmobiliarias sobre la isla. El incendio provocó graves consecuencias en la ecología local:
- Fragmentación severa del ecosistema.
- Desplazamiento de fauna local.
- Pérdida irremplazable de manglares, fundamentales para la protección costera y el control de la erosión.
Actualmente, se está aplicando un seguro ambiental para obtener los recursos necesarios que financien la restauración y la recuperación de la zona afectada.
La impunidad sistémica y las sanciones previstas
Organizaciones ambientalistas clave, entre ellas Cemda, GEMA, Grupo Tortuguero del Caribe, Amigos de Sian Ka’an, Centinelas del Agua y Casa Wayuu, han alertado sobre la continuidad del problema. Ellas señalan que el crecimiento inmobiliario sobre áreas protegidas constituye un patrón recurrente que, en la mayoría de los casos, avanza bajo un manto de impunidad.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece un marco sancionatorio que incluye:
- Multas económicas de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo.
- Clausura de obras (parcial o total).
- Multas adicionales por demora en el cumplimiento de las correcciones ordenadas.
La legislación también contempla sanciones penales severas para quienes causen daños a humedales, manglares, esteros o lagunas. Dichas penas varían de 2 a 10 años de prisión, sumadas a multas que oscilan entre 300 y 3 mil días de salario. Específicamente en Quintana Roo, los desarrollos que invaden manglares podrían enfrentar multas millonarias, a lo que se sumaría la clausura definitiva, el retiro de las estructuras edificadas y la rehabilitación ambiental obligatoria de la zona.
Los datos presentados por la Conanp y las organizaciones civiles confirman que la Península de Yucatán está bajo asedio constante. Mientras las sanciones legales prometen rigor, la recurrencia de las construcciones ilegales en ANP sugiere que la rentabilidad de la destrucción supera el riesgo de la multa. La pregunta es: ¿quién detendrá el avance de la mancha urbana antes de que el patrimonio natural de Quintana Roo se vuelva irrecuperable?
