Tegucigalpa. La credibilidad del proceso electoral en Honduras, celebrado el pasado domingo 30 de noviembre, pende de un hilo. El fiscal general, Johel Zelaya, ha ordenado una investigación urgente por presunto fraude electoral Honduras 2025, interviniendo las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras denuncias de hackeo e inconsistencias masivas.
La orden de Johel Zelaya: investigación urgente y toma del CNE
El 05 de diciembre de 2025, el panorama político en Tegucigalpa se crispó aún más a las 18:41, cuando el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, instruyó al Ministerio Público iniciar una investigación urgente ante las numerosas irregularidades que diversos sectores denunciaron en relación con las elecciones generales celebradas el pasado domingo.
En una comparecencia pública, Zelaya detalló la acción inmediata que busca darle certidumbre al pueblo hondureño:
- Ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cuya misión es la investigación y persecución de delitos graves y de fuerte impacto social, ingresar de manera inmediata en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Solicitó a esta dependencia especializada recolectar pruebas, documentación y toda la evidencia necesaria que debe estar en poder de la Fiscalía de esta nación centroamericana.
Zelaya fue enfático al subrayar que el propósito de estas acciones es investigar denuncias de conspiración, extorsión y las graves acusaciones cruzadas entre los tres consejeros del CNE, quienes, afirmó, «no están respondiendo a los intereses de Honduras».
Conspiración oligárquica y el fantasma del fraude de 2017
El titular del ente acusador del Estado aseguró que el Ministerio Público no permitirá ningún atentado contra la voluntad popular ni la estabilidad democrática del país. Según su riguroso criterio, el árbitro electoral se encuentra comprometido:
- Afirmó que el CNE está respondiendo a intereses de grupos oligárquicos.
- Existe una conspiración directa contra los comicios celebrados el 30 de noviembre.
El fiscal Zelaya declaró que en ese presunto complot participan nuevos actores, los cuales se suman a los involucrados en los hechos fraudulentos de la contienda de 2017. Esta información, enfatizó, ya se encuentra en poder del ente investigativo.
A pesar de la desconfianza generalizada, Zelaya destacó la necesidad de darle certidumbre a la población, al recordar que, aunque muchos ciudadanos desconfían del proceso electoral, otro número importante aún deposita su esperanza en las propuestas de sus líderes, incluso cuando «en ocasiones son defraudados», sentenció.
La denuncia de hackeo: 982 mil votos sin sustento biométrico
La orden de investigación se precipitó tras una grave denuncia técnica que minó la certeza en el proceso. En las últimas horas, el magistrado del CNE, Marlon Ochoa, denunció formalmente que el sistema de transmisión de resultados preliminares de las elecciones había sido objeto de un hackeo.
Los datos técnicos presentados por Ochoa son contundentes y reflejan la magnitud de la crisis:
- Se detectaron inconsistencias en el 86.6 por ciento de las actas.
- Esto equivale a más de 982 mil votos sin sustento biométrico (huella dactilar).
Ochoa aseguró que las fallas detectadas en el sistema no ofrecen «ninguna certeza» sobre los resultados electorales, especialmente en los niveles presidencial y de diputados, donde, según él, se concentra el mayor riesgo de manipulación. Las pantallas que muestran los resultados del recuento de votos del domingo, visibles el jueves 4 de diciembre de 2025 en Tegucigalpa, son ahora la imagen de un proceso bajo escrutinio judicial.
Este ambiente se suma a la tensión generada por los resultados preliminares, donde Nasry Asfura, candidato respaldado por Trump, mantenía una leve ventaja en el conteo, aunque también se reportó que Salvador Nasralla ampliaba una ligera ventaja. De fondo, la injerencia de Trump ha sido señalada como un sello distintivo en la elección presidencial en Honduras.
La investigación ordenada por Johel Zelaya destapa una caja de Pandora en la democracia hondureña. Si las pruebas recolectadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal confirman el hackeo de 982 mil votos y la conspiración oligárquica denunciada, ¿podrá el pueblo recuperar la confianza en un sistema electoral que, una vez más, parece responder a intereses oscuros y ajenos a la voluntad popular?
