Matilde Zamora/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Si bien, la reforma electoral promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca que la “austeridad republicana” alcance a los partidos políticos, en Quintana Roo, aún no se prevé aterrizar en la legislación local la reducción de las prerrogativas a los institutos partidistas.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Renán Sánchez Tajonar, reconoció que el Congreso del estado no prevé reformas al marco electoral local que obligue a la reducción de las prerrogativas estatales a los partidos políticos.
Este semana, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó el gasto ordinario a partidos políticos para el 2023, en el que la alianza de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Autentico Social (MAS) obtendrán el 65.7 por ciento de los 55 millones 725 mil 636.8 pesos destinados para 2023.
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El diputado del Partido Verde reconoció que no se contemplan reformas en la materia, para no contrapuntear la reforma electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con temas estatales.
“Hay que ser muy prudentes en cuanto la profundidad y dimensiones que tiene esta reforma electoral, no podemos adelantarnos para no contrapuntear la reforma electoral que el gobierno federal impulsó, con temas estatales”, indicó.
Agregó que tanto los titulares de los Poderes Públicos, como los Ayuntamientos y órganos autónomos, son conscientes de la necesidad de aplicar un presupuesto austero en beneficio de temas sociales. Por lo que “no habrá menor problema para realizar ajustes presupuestales que permitan fortalecer los temas sociales”.
Por último, Renán Sánchez indicó que la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública podría tener el dictamen del Paquete Fiscal 2023, para ser aprobado en el pleno a más tardar en la segunda semana de diciembre.
Este jueves el Congreso del estado dio por aprobada con 10 votos de los 11 ayuntamientos a favor de la reforma constitucional impulsada por Mara Lezama, para eliminar los candados que impedían la reducción de recursos a los poderes públicos, y órganos autónomos.
