Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Los diputados de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo continúan figurando entre los más costosos del país y por su bajo nivel de productividad legislativa y la limitada cantidad de leyes y reformas aprobadas durante el último año.
De acuerdo con reportes presupuestales y evaluaciones ciudadanas el Congreso de Quintana Roo ejerce un gasto anual superior a los 600 millones de pesos.
El Poder Legislativo estatal, conformado por 25 diputados, destinó en el ejercicio 2024 recursos equivalentes a más de 24 millones de pesos por legislador, cifra que supera el promedio nacional y lo coloca entre los congresos locales más caros de México, junto con los de Baja California Sur, Campeche y Sonora.
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Sin embargo, a diferencia de esos estados, el Índice de Productividad Legislativa que mide la cantidad de iniciativas presentadas, dictaminadas y aprobadas revela que el Congreso de Quintana Roo mantiene una de las tasas más bajas del país. En los primeros nueve meses de 2025, apenas se aprobaron una treintena de iniciativas, la mayoría propuestas por el Poder Ejecutivo o de trámite administrativo, mientras que más de 180 permanecen en comisiones sin avance.
Organizaciones como Transparencia Ciudadana Quintana Roo y el Observatorio Legislativo han señalado que el Congreso local presenta opacidad en el manejo de recursos y exceso de personal administrativo, pues más del 60% del presupuesto se destina al pago de nómina, compensaciones y gastos operativos, mientras que la inversión en análisis técnico y apoyo parlamentario es mínima.
A ello se suma que, durante el actual periodo ordinario, las sesiones plenarias han tenido una duración promedio de apenas una hora y varios diputados acumulan inasistencias sin sanción. Temas relevantes como la Ley de Proteccion a Periodistas y de Derechos Humanos, la actualización del Código Penal y la creación de una Comisión Estatal de Arbitraje Médico están archivadas desde hace años y siguen sin dictaminarse.
De acuerdo con fuentes internas, el presupuesto del Congreso se ha mantenido en aumento desde 2021, pese a la recomendación de la Auditoría Superior del Estado de aplicar medidas de austeridad y racionalidad administrativa. En contraste, los resultados legislativos no muestran mejora significativa, y los acuerdos de coordinación con la ciudadanía, universidades y cámaras empresariales se encuentran prácticamente detenidos.
Sectores académicos y organizaciones civiles han pedido que, en el marco de la discusión del presupuesto 2026, se revise el gasto del Poder Legislativo y se establezcan mecanismos de evaluación de desempeño, para que los diputados sean medidos no solo por su asistencia, sino también por la calidad y pertinencia de las leyes que promueven.
Las organizaciones ciudadanas exigen un Congreso que legisle y no que administre privilegios. Pues consideran que Quintana Roo necesita representantes que impulsen soluciones reales a los problemas del estado, y no un aparato burocrático con sueldos de lujo y resultados mínimos.
El próximo periodo ordinario de sesiones iniciará en noviembre, y distintos sectores anticipan que el debate sobre la eficiencia y el costo del Congreso será uno de los temas centrales en la agenda política estatal, ante la creciente presión pública por la rendición de cuentas.
