Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.— Al cumplirse la primera mitad del periodo de actuación de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, correspondiente a los años 2024–2027, un análisis de su desempeño legislativo revela una alta carga de trabajo institucional, aunque con una productividad limitada atribuible directamente a las y los diputados en funciones, expusieron desde el Observatorio Legislativo de Quintana Roo.
«Se han realizado 153 sesiones, presentado 337 iniciativas y aprobado 202 decretos, lo que representa una tasa de conversión cercana al 60%, considerada aceptable en términos cuantitativos. No obstante, un análisis del origen de los decretos muestra que 61% de estos provienen de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, municipios, el Congreso de la Unión o de rezagos legislativos, lo que reduce significativamente la proporción de decretos generados por iniciativas propias de los legisladores actuales», especificaron.
La actual legislatura está integrada por 25 diputados, 15 de mayoría y 10 de representación proporcional, y ha operado durante este periodo con un presupuesto aproximado de 800 millones de pesos, lo que representa un gasto mensual estimado de 44 millones de pesos y un promedio de 32 millones de pesos por diputación en la primera mitad del trienio.
Para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso del Estado tiene proyectado un presupuesto de 536 millones 378 mil 127 pesos, de los cuales el 69% se destinará a sueldos, el 14% a ayudas sociales, el 12% a servicios generales, el 4 por ciento a compras y una proporción mínima a inmuebles.
Reiteraron el monto asignado, particularmente en el rubro de ayudas sociales, resulta excesivo e innecesario, considerando que los apoyos a grupos vulnerables ya son canalizados a través de dependencias como la Secretaría del Bienestar y el DIF.
La mayoría parlamentaria conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México concentra el mayor volumen de iniciativas presentadas y aprobadas, en gran medida por el control que ejerce sobre las comisiones legislativas.
Sin embargo, diversas reformas avaladas sin observaciones han sido posteriormente impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivando en sentencias de modificación o invalidez, como ocurrió con disposiciones de la Ley de Movilidad, el Código Penal, la Ley de Expropiación y leyes orgánicas del Poder Judicial y la Fiscalía, entre otras.
Respecto a los partidos distintos a la mayoría, el balance de su desempeño legislativo es limitado. No sólo enfrentan dificultades para lograr la aprobación de sus iniciativas, sino que tampoco han consolidado una agenda conjunta que les permita articular una oposición coordinada, ni siquiera en el ámbito mediático.
«A ello se suma la ausencia de un debate parlamentario constante, lo que ha llevado a cuestionar el cumplimiento de principios como el Parlamento Abierto, pese a que estos son promovidos de manera formal en la plataforma institucional del Congreso», detallaron.
Finalmente, el análisis individual del trabajo legislativo señala que algunos diputados no han presentado iniciativas a título personal, entre ellos María José Osorio Rosas, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Ángel Álvarez Cervera, Jorge Armando Cabrera y Luz Gabriela Mora. En el caso del Partido Acción Nacional, se identifica el menor nivel de productividad, destacando que la única iniciativa aprobada de la diputada Reyna Tamayo Carballo fue la referente a la designación de un día conmemorativo para las personas jubiladas y pensionadas del estado.
