Redacción
CANCÚN.- La empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica) podrá ingresar nuevamente a los predios de su propiedad en Quintana Roo, pero estrictamente para remediar el daño ambiental ocasionado por la extracción de piedra caliza.
Así lo determinó el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, resolución que —según informó la Semarnat— resulta favorable para el Gobierno mexicano y para la protección del ecosistema.
De acuerdo con el comunicado oficial, el tribunal autorizó al personal de Calica a ingresar únicamente para remediar, compensar y restaurar la zona impactada, y siempre bajo supervisión directa de la autoridad ambiental.
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El conflicto entre Calica y el Gobierno federal se remonta a 2022, cuando la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la compañía de sobreexplotar la mina, generando afectaciones ecosistémicas. Antes de concluir su sexenio, López Obrador decretó como Área Natural Protegida parte del polígono donde operaba la minera, lo que prohibió cualquier actividad extractiva.
La Semarnat detalló que para cualquier acción de restauración, Calica deberá presentar un programa integral que incluya: restauración de corredores de fauna silvestre, reforestación de la zona, y un cronograma con entregables verificables.
La dependencia recalcó que la empresa nunca obtuvo todas las concesiones de agua requeridas, ni contaba con permiso forestal para la magnitud de explotación que realizaba.
En paralelo, Calica mantiene un arbitraje internacional contra el Estado mexicano. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que su gobierno sostiene negociaciones con la compañía para reconvertir el predio hacia un desarrollo turístico de bajo impacto, descartando cualquier regreso a la extracción minera.
Calica —filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials— operó durante décadas una mega-cantera en la costa de Quintana Roo para la exportación de piedra caliza.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó que la explotación generó daño ambiental severo y desde 2022 se mantiene un conflicto legal que alcanzó incluso instancias internacionales.
