Por Tomás Mejía
Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, de Cancún, ratificaron el retiro de la medida de prisión preventiva justificada ganada en 2022 por el exgobernador Roberto Borge Angulo, contra el delito de aprovechamiento ilícito del poder al enajenar bienes públicos de Quintana Roo.
Aunque el exjefe del ejecutivo estatal emanado de las filas del PRI continuará en prisión en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Cuautla Morelos, donde se mantiene privado de su libertad desde enero de 2018 al enfrentar diversos procesos penales relacionados con delitos federales.
El pasado 31 de marzo se dio a conocer la sentencia de un recurso de revisión promovido por la Fiscalía Anticorrupción, contra un amparo que Borge Angulo ganó en 2022.
El efecto principal de este amparo a favor del exgobernador era la revisión de medidas impuestas por un juez de control de Chetumal, que lo vinculó a proceso y le decretó prisión preventiva justificada.
Esto por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, en perjuicio de la paraestatal Vip Saesa, a la cual presuntamente afectó con simulación de contratos por más de 319 millones de pesos, entre otras irregularidades encontradas dentro del servicio público.
En 2021 este juez de control determinó que la medida de prisión preventiva continuaba vigente. La Constitución establece un plazo máximo de dos años de prisión preventiva justificada contra el imputado de cualquier delito.
De esto se quejó Roberto Borge ante el juez Sexto de Distrito en Chetumal en 2022. Posteriormente se le otorgó el amparo y se le ordenó al juez de control de la capital quintanarroense revisar la medida cautelar.
El juez de control celebró una nueva audiencia y declaró que la medida seguía vigente.
Ante esto, la defensa del exgobernador apeló ante la Sala Especializada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, el cual finalmente le dio la razón y ordenó anular la prisión preventiva y notificar sobre esto al director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Cuautla, Morelos, donde se encuentra preso, según el expediente consultado.
Lo anterior para los efectos correspondientes, pues el exgobernador enfrenta delitos federales, entre ellos lavado de dinero y asociación delictiva.
Magistrados desestiman a la Fiscalía Anticorrupción
De acuerdo con el expediente 284/2022 de amparo en revisión resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, los magistrados ratificaron el retiro de la medida cautelar en 2022 por la Sala Especializada en Materia Penal, por lo que se dejó sin efectos los reclamos de la Fiscalía Anticorrupción.
“En tales condiciones, ante la cesación de efectos del acto reclamado, al haber cesado la prisión preventiva justificada del quejoso en el expediente del que deriva el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia”, se lee en la sentencia de amparo en revisión.
Es decir, desecharon los argumentos que presentó la Fiscalía Anticorrupción y en consecuencia se dio por concluido de manera firme este expediente.
Ahora serán los juzgados y tribunales del Sistema Penal Acusatorio de Chetumal que deberán resolver el proceso de Roberto Borge por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, aunque sin posibilidad de decretar medidas cautelares más fuertes mientras dura el juicio.
Sin embargo, Borge se encuentra preso, por lo que, en caso de relajar las medidas cautelares en sus otros juicios, se corre el riesgo para las autoridades ministeriales federales y locales de abandonar la prisión, aunque no signifique el cierre de sus expedientes.
Apelación federal
Según nuevos expedientes consultados, en marzo pasado se inició la resolución de una apelación en segunda instancia ante el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito, con residencia en Xochitepec, Morelos.
En el expediente con número 269/2024, el citado órgano jurisdiccional se declaró competente para resolver el juicio con el que Roberto Borge busca anular la negativa de relajación de medidas cautelares de prisión preventiva a prisión domiciliaria relativa a los delitos de peculado y lavado de dinero.
La defensa de Borge busca anular negativas en revisión de medida cautelares del Juzgado de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) y del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl
Este juicio de manera particular apenas inicia, según el último acuerdo judicial emitido el pasado 26 de marzo, el cual podría llevar algunos años más su resolución
