Alejandro Peza
CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama confirmó que enviara una contrarreforma al Congreso del Estado para corregir el contenido del Código Penal del estado y la Ley de Movilidad para evitar que afecte la libertad de expresión y de tránsito.
Hace unos días atrás, la gobernadora envío a los diputados de la XVIII Legislatura, una reforma que suscitó una intensa polémica pues organizaciones civiles y sectores de la oposición, advirtieron sobre posibles restricciones a la libertad de expresión debido a que a partir de la publicación de la ley se castigaría cualquier tipo de manifestación pública con el pretexto de que se altera la movilidad.
Estas modificaciones a la Ley de Movilidad permitían retirar, suspender o cancelar temporal o definitivamente licencias de conducir, permisos y concesiones en casos de delitos relacionados con el servicio de transporte tanto público como privado.
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La “Ley Garrote” contempla además penas más severas, como el incremento de hasta un 50% en las sanciones para delitos de homicidio y lesiones ocurridos durante la prestación del servicio. También, se contemplará si las víctimas son menores de edad o turistas, las penas podrán aumentar hasta en dos terceras partes.
Además la modificación del Artículo 182 busca castigar con mayor dureza los ataques contra las vías de comunicación y medios de transporte, especialmente cuando afectan servicios como el transporte público local, las calles o carreteras, y la tecnología utilizada en ellos. Las sanciones para estos delitos van desde 6 meses hasta 4 años de cárcel.
Incluso los colectivos feministas externaron su rechazo a las reformas hechas ya que violenta el derecho de los ciudadanos a manifestarse y era un elemento para reprimir la inconformidad contra las instituciones que no cumplían con su responsabilidad de atender las demandas de la gente y no se criminalicen las manifestaciones legítimas en la entidad.
Ante la serie de reclamos, Mara Lezama asumió la responsabilidad por el contenido de la iniciativa aprobada por los diputados locales, asegurando que los abogados consultados manifestaron que la redacción era correcta e incluso similar a la existente.
“Asumo la responsabilidad por la controversia que surgió a raíz de la reforma al Código Penal y a la Ley de Movilidad, pero ustedes saben, como periodistas, que una coma mal puesta, una mala redacción, un punto y coma o dos puntos pueden ocasionar que un documento sea malinterpretado”, insistió.
Descartó la posibilidad de que los colectivos feministas presenten amparos contra dicha iniciativa, ya que se corregirá la ambigüedad existente en el documento aprobado.
