Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen una amplia presencia en Quintana Roo, de acuerdo con el Reporte Nacional de Drogas y Amenazas (NDTA) 2025, publicado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
En el informe de la DEA se precisa que Quintana Roo es un estado considerado como área de operaciones dominantes tanto del Cártel de Sinaloa como del CJNG.
De hecho, la Oficina Antidrogas de Estados Unidos define como “significativa presencia” de ambos grupos criminales en la entidad.
El informe identifica a estas dos organizaciones como los principales actores en la cadena de suministro de drogas sintéticas, con presencia extendida no solo en México sino en más de 40 países, lo que confirma su carácter de Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs).
Entre los hallazgos clave, la DEA destaca que ambas organizaciones no solo se dedican al tráfico de drogas, sino también al robo de hidrocarburos, extorsión, secuestros y cobro de piso, lo que les ha permitido establecer formas de gobernanza paralela en distintas regiones de México, socavando la autoridad del Estado.
Alianza táctica: “Los Chapitos” y CJNG
Uno de los datos más significativos del reporte es la alianza táctica entre el CJNG y la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, para enfrentar a la célula rival dirigida por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada. Esta coalición criminal podría alterar el equilibrio del narco en México y aumentar los niveles de violencia, según advierte la agencia y reportes de medios como El País.
En cuanto al control territorial, el Cártel de Sinaloa mantiene dominio en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, mientras que el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha consolidado su presencia en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Colima, además de Quintana Roo.
Huachicol, otra fuente de financiamiento criminal
El informe también resalta el robo de combustible (huachicol) como una fuente crítica de ingresos para el CJNG, actividad que vincula directamente con el financiamiento del tráfico de fentanilo, la adquisición de armas y el control de comunidades mediante el reparto de gasolina o empleos ilícitos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a empresas relacionadas con esta práctica, mientras que la DEA advierte sobre los riesgos ambientales y de seguridad que representa para las comunidades cercanas a ductos de Pemex.
El documento establece que, en muchas zonas, estas organizaciones logran corromper, intimidar o sustituir a autoridades locales, debilitando la soberanía territorial del Estado mexicano y ampliando su influencia incluso en destinos turísticos como Quintana Roo.
