La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley reglamentaria que impacta directamente al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). ¿Será este el camino hacia una gestión más eficiente de los recursos públicos, o representa un debilitamiento en la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales?
Reforma al Coneval: Buscando eficiencia o centralización
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora en manos de la Cámara de Diputados, busca extinguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El objetivo, según la exposición de motivos, es “hacer mas eficiente el uso de los recursos públicos y, sobre todo, mejorar la eficacia de los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social”.
Alineación con la austeridad republicana
La iniciativa se alinea con los principios de eficiencia, austeridad, transparencia y racionalidad del gasto público. Se argumenta que la transferencia de funciones al Inegi elimina duplicidades y optimiza los recursos del Estado, fortaleciendo las capacidades técnicas de este organismo. Esta medida, según se plantea, busca corregir los problemas derivados de la política neoliberal, donde se creó el Coneval sin considerar la existencia de otros órganos con funciones similares.
Fortalecimiento del Inegi
La presidenta Sheinbaum recalca que “gran parte de la información utilizada por el Coneval para sus mediciones era producida por el Inegi, por lo que hacía innecesario mantener dos organismos separados cuando esto se puede realizar, de manera integral, en una sola instancia”. Se espera que el Inegi, con su autonomía constitucional y su experiencia en la generación de información estadística y geográfica, pueda realizar una evaluación más objetiva del impacto de la Política de Desarrollo Social. Esto se relaciona con nuestro análisis sobre la importancia de la autonomía en organismos como el Inegi [ver más aquí si existiera un artículo similar en Caribe Peninsular].
Implicaciones de la reforma: ¿Qué cambia y qué permanece?
La reforma implica modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Medición de la pobreza y continuidad estadística
Se precisa que, en materia de medición de la pobreza, se mantienen sin cambios las referencias de alcance, contenido y temporalidad. Esto busca generar certeza respecto a la continuidad de las series estadísticas históricas y la comparabilidad de las mediciones subsecuentes.
Delimitación de competencias y política de desarrollo social
Se delimita el ámbito de competencia del Inegi para la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, separándolo de las tareas propias del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) que corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se define la Política de Desarrollo Social como el conjunto de programas, proyectos y acciones tendientes a reducir las brechas de desigualdad, pobreza, rezago y exclusión social, que potencian y garantizan el desarrollo sostenible y con equidad.
Rol del Inegi y periodicidad de los estudios
El Inegi tendrá la facultad y obligación de establecer los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza. Sus estudios deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años a nivel entidad federativa y cada cinco años a nivel municipal o demarcación territorial. Para ello, considerará información proveniente de censos y encuestas como el Censo de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Evaluación del impacto y lineamientos técnicos
Es esencial que la evaluación que realizará el Inegi se enfoque en analizar la contribución de programas, proyectos y acciones que integran la Política de Desarrollo Social, para indicar si esta tiene el impacto programado para reducir las brechas de desigualdad, pobreza, rezago y exclusión social. El Inegi deberá establecer lineamientos y criterios técnicos para las metodologías de evaluación, cualitativa o cuantitativa, sobre la Política de Desarrollo Social, garantizando que las evaluaciones sean sistemáticas, objetivas, eficaces y relevantes.
Zonas de atención prioritaria
Se establece la delimitación de las zonas de atención prioritaria (ZAP), un proceso clave para enfocar esfuerzos en las áreas que más lo requieren y permite implementar políticas públicas, programas sociales y proyectos de desarrollo más eficaces.
Trámite legislativo y próximos pasos
La propuesta presidencial modifica la LFPRH y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para armonizarlas con la transferencia de funciones al Inegi. La iniciativa ya está en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde comenzarán a trabajar para que el dictamen esté listo para la convocatoria a un primer período extraordinario de sesiones, que se pretende llevar a cabo del 9 al 17 de junio.
¿La extinción del Coneval y la reasignación de sus funciones al Inegi realmente conducirán a una mayor eficiencia y transparencia en la evaluación de la política social, o podría comprometer la objetividad y la calidad de la información necesaria para combatir la pobreza y la desigualdad?
