El dolor de una madre que busca no debería terminar en tragedia. En Jalisco, el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez estremeció a la sociedad mexicana y encendió las alarmas sobre la inseguridad que enfrentan las personas buscadoras de desaparecidos.
Asesinato de María del Carmen Morales: un ataque a quienes buscan justicia
La tragedia en el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco
María del Carmen Morales era parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, un grupo de personas que, ante la inacción estatal, decidieron organizarse para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. El pasado 24 de febrero de 2024, su hijo Ernesto Julián desapareció, y desde entonces, madre e hijo dedicaron su vida a buscarlo.
Lamentablemente, sus esfuerzos fueron brutalmente truncados. El asesinato de María del Carmen y de Jaime Daniel no solo apagó dos vidas, sino que envió un mensaje de terror a toda la comunidad de buscadoras.
Respuesta inmediata de la ONU-DH y autoridades
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó de inmediato el doble homicidio. A través de un comunicado en redes sociales, la organización subrayó la necesidad de considerar todas las hipótesis en la investigación, incluida la relación del crimen con la labor de defensa de derechos humanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el Ejecutivo estatal de Jalisco también expresaron su repudio, aunque para muchos familiares de desaparecidos, las palabras ya no bastan.
La crisis de violencia contra buscadoras en México
Patrón de ataques: datos alarmantes
Más de un centenar de colectivos y activistas se unieron para denunciar que este crimen no es un hecho aislado. Desde 2010, se han documentado 26 asesinatos de personas buscadoras y al menos 4 desapariciones.
Lista de cifras relevantes:
- 127,000 reportes de personas desaparecidas en México.
- 72,000 cuerpos sin identificar.
- 26 personas buscadoras asesinadas.
- 4 personas buscadoras desaparecidas.
Estos datos reflejan una tendencia preocupante que evidencia la vulnerabilidad extrema en la que viven quienes asumen la búsqueda como una misión personal y colectiva.
Defensoras invisibles: el reclamo pendiente
Activistas y colectivos exigieron un reconocimiento formal de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos. Sin este estatus, su protección legal es limitada y su riesgo es exponencial.
La necesidad de fortalecer los mecanismos de protección se hace evidente. Para quienes buscan a sus familiares, cada salida al campo es una sentencia potencial, un acto de valentía ante un Estado que muchas veces falla en garantizar su seguridad.
La exigencia de justicia y acción inmediata
Investigación imparcial: una deuda histórica
La ONU-DH insistió en la importancia de realizar una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva. La credibilidad de las autoridades está en juego, especialmente en un contexto donde la impunidad ronda el 95% de los casos de desapariciones y asesinatos en el país.
Voces desde el territorio: dolor, rabia y dignidad
Desde Jalisco hasta Guanajuato, pasando por Guerrero y Veracruz, los colectivos han alzado la voz. La rabia y el dolor se han transformado en demandas concretas: más protección, más presupuesto para las comisiones de búsqueda, justicia efectiva y un compromiso real de las autoridades.
“No es un caso aislado. Nos están matando por buscar”, dijeron en un pronunciamiento conjunto.
El asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez es un grito de alarma en un país donde buscar a los desaparecidos es una actividad de alto riesgo. México enfrenta una deuda inmensa con quienes, en medio del dolor, hacen el trabajo que corresponde al Estado.
Garantizar su seguridad no solo es un imperativo legal, es una cuestión de humanidad. Cada buscadora asesinada no es una cifra, es una historia interrumpida. La pregunta es: ¿Hasta cuándo?
