Agencias
PLAYA DEL CARMEN.- Representantes de comunidades mayas del estado sostuvieron reuniones con regidores indígenas de distintos municipios, con el objetivo de impulsar ante el Congreso local una revisión y eventual reforma a la Ley Indígena, al considerar que varios de sus contenidos han quedado obsoletos y no responden a las necesidades actuales de los pueblos originarios.
De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) en Quintana Roo, Hermelindo Be Cituk, desde su creación la Ley Indígena ha tenido muy pocas modificaciones, a pesar de los cambios constitucionales y de los estándares internacionales en materia de derechos indígenas.
Recordó que esta legislación fue creada durante el gobierno de Mario Villanueva, periodo en el que se restó autoridad al Gran Consejo Maya, al transformarlo en una asociación civil, debilitando su carácter representativo y su capacidad de decisión.
“Estamos trabajando con regidores indígenas de todo el estado para que promuevan esta reforma. La ley no se ha actualizado, no se coordina con los pueblos ni apoya realmente a la población indígena”, señaló.
Be Cituk explicó que la Ley Indígena no se ha armonizado con los estándares internacionales, ni siquiera con las reformas al artículo 2° constitucional, que reconoce la autonomía, los sistemas normativos propios y las formas de autogobierno de los pueblos indígenas.
El representante de ANIPA también cuestionó la figura del magistrado indígena, la cual se ha mantenido sin cambios desde la creación de la ley, y sin una representación efectiva de las comunidades.
Indicó que actualmente el cargo es ocupado de manera vitalicia por Javier Reyes, a quien acusó de no cumplir con las funciones de acompañamiento, gestión y defensa de los derechos de los pueblos mayas, como la revisión de leyes, la coordinación institucional o el fortalecimiento de las condiciones de trabajo de los dignatarios indígenas.
Según Be Cituk, esta figura en el pasado sirvió al sistema político priista y, en la actualidad, continúa operando de la misma forma, ahora bajo gobiernos emanados de Morena, limitándose a actos protocolarios sin impacto real en las comunidades.
El objetivo inmediato es lograr la revisión integral de la Ley Indígena, aunque lamentó la falta de respaldo de la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Silvia Dzul, para iniciar formalmente el proceso legislativo.
Finalmente, el representante indígena reiteró su llamado al Congreso de Quintana Roo para actualizar el marco legal, garantizar una representación real de los pueblos originarios y armonizar la legislación estatal con los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional.
SIM
