En San Lázaro se encendieron las alarmas. Con mayoría absoluta, Morena y aliados aprobaron una reforma que elimina CompraNet y libera al Ejército de rendir cuentas en contratos de obra pública. En el sureste mexicano, epicentro de megaproyectos, la decisión genera inquietud.
Una nueva ley, menos controles
El Congreso avaló una reforma profunda a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, impulsada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El cambio central: el fin de CompraNet, el sistema digital que permitía consultar contrataciones gubernamentales, y la creación de una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, ahora bajo el mando de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
¿Qué implica esto para el sur-sureste del país?
Esta región —que alberga proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y nuevas zonas turísticas— es una de las más impactadas por la reforma. La eliminación de la obligación de transparentar contratos ligados a obras de las Fuerzas Armadas deja un vacío en la rendición de cuentas, justo donde el gasto público se ha concentrado en los últimos años.
Ejército, obras y opacidad legalizada
Fuerzas Armadas con vía libre
El dictamen aprobado establece que las obras ejecutadas por el Ejército o la Marina en el marco de proyectos estratégicos quedarán exentas del cumplimiento de la ley. Esto significa que contratos, montos, empresas beneficiadas y procesos de adjudicación podrán mantenerse fuera del escrutinio público.
¿Por qué importa en el Caribe mexicano?
Porque aquí, el Ejército no solo construye: administra aeropuertos, opera trenes y recibe recursos millonarios para obras civiles. La base legal que justifica su participación ya no será acompañada por mecanismos de control ciudadano.
Riesgos latentes y voces críticas
Durante el debate, la diputada Abigail Arredondo (PRI) advirtió que la reforma puede abrir la puerta a prácticas de corrupción y clientelismo. Argumentó que los antecedentes son preocupantes, mencionando los escándalos relacionados con el Tren Maya y supuestos vínculos familiares con contratos sobrevalorados.
Restricciones selectivas
Aunque la ley introduce una cláusula para vetar a empresas con antecedentes de incumplimiento o prácticas monopólicas, no establece cómo se verificará dicha información, ni quién supervisará su cumplimiento sin el INAI como garante.
Contexto político: continuidad con nuevo rostro
Aunque la reforma es impulsada por Sheinbaum, el modelo es una continuidad del sexenio de López Obrador, donde las Fuerzas Armadas se consolidaron como actor clave en el desarrollo nacional, no solo en tareas de seguridad, sino también en infraestructura.
La sustitución de CompraNet y el debilitamiento de órganos autónomos como el INAI responden a una lógica centralista, en la que el control de los datos se traslada de plataformas abiertas a entes gubernamentales con baja independencia.
Implicaciones para la ciudadanía y la prensa
En estados como Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, donde se han denunciado irregularidades en licitaciones relacionadas con el Tren Maya, la reforma reduce drásticamente la posibilidad de fiscalización social.
Periodistas, activistas y ciudadanos perderán una de sus herramientas más importantes: el acceso en tiempo real a los contratos públicos.
¿Transparencia como obstáculo o como derecho?
La eliminación de CompraNet no es solo un cambio administrativo. Es un movimiento estratégico que redefine el equilibrio entre seguridad nacional, eficiencia gubernamental y control democrático. En el Caribe mexicano, donde los megaproyectos avanzan sobre selvas, comunidades y economías frágiles, la opacidad no puede ser la norma.
