Colombia ha suspendido la compra de armamento a Estados Unidos, una medida de represalia directa ante la decisión de Washington de retirarle la certificación como aliado en la lucha antidrogas. Este paso, anunciado el 16 de septiembre de 2025 por el gobierno de Gustavo Petro, marca un punto crítico en las relaciones bilaterales, revelando profundas tensiones y un desafío a la tradicional dependencia militar.
Escalada de tensiones entre Bogotá y Washington
La ruptura se gestó el pasado lunes, cuando la administración de Donald Trump declaró insuficientes los esfuerzos de Bogotá para contener el narcotráfico, despojándolo del reconocimiento como socio clave en la guerra contra las drogas. Esta decisión se produce en un momento de estancamiento en las relaciones entre el gobierno estadounidense y el mandatario izquierdista Gustavo Petro.
En una respuesta contundente, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, anunció en entrevista con Blu Radio que «a partir de este momento» no se adquirirán más armas a Estados Unidos. La reacción de Petro, visiblemente molesto durante un consejo de ministros, fue igualmente enérgica. El presidente dio por terminada la «dependencia» de las fuerzas armadas colombianas a las «limosnas» y «regalos» de Estados Unidos. «Al ejército le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque si no, no será un ejército de soberanía nacional», afirmó junto a sus ministros, anticipándose al anuncio formal de Washington.
Cabe destacar que, si bien Estados Unidos eliminó a Colombia de la lista de naciones que combaten el narcotráfico, incluyó una exención de las sanciones más severas. Desde 1986, Estados Unidos evalúa anualmente los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países, a cambio de recursos que para Colombia representaban unos 380 millones de dólares anuales. Entre 2000 y 2018, la ayuda total ascendió a más de 10.000 millones de dólares, destinados a fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos.
El pulso diplomático y las acusaciones de Petro
La pérdida de este reconocimiento representa un golpe sensible para la fuerza pública colombiana, históricamente equipada con armamento estadounidense para combatir cárteles y guerrillas. El presidente Petro no tardó en expresar su descontento en la red social X este martes. «Simplemente Estados Unidos participa en política interna de Colombia, quiere un presidente títere», escribió, continuando con una declaración asertiva: «Yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos».
Bogotá rechaza la decisión de Washington, defendiendo sus continuos esfuerzos contra los grupos armados que se financian del tráfico de cocaína, con decomisos y capturas sustanciales. El ministerio de Defensa reportó que, en lo que va de 2025, el país ha incautado 700 toneladas de cocaína y destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos. En contraste, Petro critica a Estados Unidos por «no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad», insistiendo en que «esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma».
Implicaciones económicas y la búsqueda de nuevos aliados
La decisión colombiana de cesar la compra de armas a Estados Unidos se sustenta en una visión de autonomía y diversificación de proveedores. En 2023, las importaciones de armamento desde Estados Unidos alcanzaron los 1,2 millones de dólares, según datos del Observatorio de Complejidad Económica. El ministro Benedetti aseguró que Colombia buscará nuevos socios para adquirir armas, citando como ejemplo la reciente compra de una flota de aviones de combate a Suecia. «Estados Unidos, como país capitalista, tiene que entender que también hay temas de mercado», aseveró.
Esta estrategia no es inédita para la administración Petro; en 2024, el presidente suspendió la compra de armamento a Israel debido a su ofensiva en Gaza. La presente decisión subraya la determinación de Bogotá de redefinir su política de defensa y su postura en la geopolítica global, priorizando la soberanía y la autonomía en sus decisiones de seguridad.
La interrupción de la compra de armas a Estados Unidos por parte de Colombia no es solo una medida económica, sino una declaración política contundente. ¿Podrá este giro en la política de defensa colombiana reconfigurar de manera definitiva la dinámica de la seguridad regional y las relaciones con su tradicional aliado, o se profundizará aún más la brecha entre ambos países?
