La industria de alimentos y bebidas se enfrenta a un nuevo desafío: reducir el contenido calórico de sus productos. Tras el compromiso de Coca-Cola México, el debate sobre el impuesto a bebidas azucaradas se intensifica, mientras el Congreso revisa la política alimentaria. ¿Es un cambio genuino o una estrategia ante la presión fiscal?
El llamado de Coca-Cola a la industria alimentaria
Coca-Cola México ha exhortado a otras empresas del sector a comprometerse con la reducción de calorías en sus productos, siguiendo su propio ejemplo de disminuir en un 30% el contenido calórico en sus refrescos. Patricio Caso Prado, representante de Coca-Cola México, hizo hincapié en la necesidad de una participación integral para lograr un impacto real en la salud pública.
El respaldo legislativo y la revisión de la política alimentaria
El diputado Ricardo Monreal Ávila respaldó el llamado y resaltó la importancia de revisar la política alimentaria nacional y los procesos de producción de alimentos. Este pronunciamiento surge tras el acuerdo entre la Secretaría de Salud y la industria refresquera, que contempla una reformulación de productos a cambio de un gravamen menor para bebidas con edulcorantes no calóricos.
El nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
La Cámara de Diputados aprobó un incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas, que podría pasar de 1.64 a 3.08 pesos por litro para 2026, sujeto a la aprobación del Senado. Además, se contempla un impuesto de 1.50 pesos por litro para bebidas con edulcorantes no calóricos, una cifra reducida tras el acuerdo con la Secretaría de Salud.
Reformulación de productos: Un proceso gradual
Patricio Caso Prado explicó que la reformulación de las bebidas será un proceso gradual que requiere investigación, desarrollo, inversiones y ajustes en toda la cadena de producción.
- Adaptación de un año para cumplir los compromisos.
- Evaluación periódica con la Secretaría de Salud.
Según datos de la industria, en la última década ha aumentado tanto la oferta como el consumo de bebidas bajas o sin calorías, pasando de un 5% a un 11% del total de bebidas consumidas.
¿Será este un punto de inflexión para la industria alimentaria o una medida paliativa ante la presión regulatoria?
