Agencias
MÉRIDA .— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera temporal el proyecto inmobiliario “Ciudad Maderas”, tras confirmarse graves afectaciones a la selva baja caducifolia y al ecosistema costero del poniente de Yucatán.
La acción se llevó a cabo luego de una denuncia pública y formal presentada por la Fundación Yansa, encabezada por el ambientalista Sergio Oceransky, quien acusó que la desarrolladora deforestó entre 100 y 200 hectáreas de vegetación nativa entre las comisarías de Sierra Papacal y Chuburná Puerto.
De acuerdo con la organización, la zona impactada incluye dunas, sabanas y manglares, considerados barreras naturales esenciales contra el cambio climático y el incremento del nivel del mar. “La pérdida de esta selva pone en riesgo la salud ambiental de toda la región costera”, advirtió Oceransky.
Te puede interesar: DESTRUCCIÓN DE MANGLAR: Clausura Profepa tres predios en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún
El ambientalista recordó que la denuncia inicial fue presentada en 2023, pero ante la falta de respuesta acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR). Posteriormente, el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán concedió una suspensión definitiva que prohíbe continuar con cualquier tipo de obra mientras se resuelve el proceso judicial.
“Ciudad Maderas no puede seguir construyendo. Esperamos que se reconozca la inconstitucionalidad del proyecto y se ordene restaurar la vegetación dañada”, indicó el representante de Yansa.
Asimismo, la fundación denunció irregularidades en la aprobación del proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que habría otorgado la autorización sin contar con el permiso de cambio de uso de suelo forestal.
Según la denuncia, la empresa minimizó el valor ecológico de la zona y las autoridades federales validaron dicha información sin verificar los impactos reales. “Semarnat aceptó la versión de que la selva no era cobertura forestal, y Profepa también lo dio por bueno en su momento. Es un caso grave de omisiones y complicidades”, afirmó Oceransky.
La Fundación Yansa destacó que este caso refleja un patrón de impunidad ambiental en Yucatán. “Cuando las comunidades defienden su territorio, son criminalizadas, pero las empresas que destruyen ecosistemas operan sin consecuencias. Lo ocurrido con Ciudad Maderas muestra la necesidad urgente de aplicar la justicia ambiental”, concluyó.
Con esta acción, la organización ambientalista busca frenar la destrucción de los ecosistemas costeros y garantizar el respeto a la normatividad ambiental, reconociendo la intervención de PROFEPA como un avance importante en la defensa de los recursos naturales del estado.
Red Informativa del Sureste
