Agencias
Cancún.- La Red de Comités Vecinales de Cancún (Rcvc) lanzó una campaña en la página web de change.org, denominada “Once X Cuatro 11 Municipios. 4 cambios. Una Fuerza Colectiva”, en la que invita a la población a firmar la petición para realizar cuatro cambios a leyes del Estado.
Con el eslogan “Somos la voz que mueve y protege a nuestro estado”, los creadores de la Red justifican que “colgaron” esta petición en la web con la finalidad de que el Congreso del Estado apruebe cuatro iniciativas de ley elaboradas con la finalidad de proteger los ecosistemas de Quintana Roo: la Ley Tajamar, Ley Pok Ta Pok, Ley de Movilidad Sustentable y la Ley Solimán.
“Los ciudadanos firmantes somos originarios y residentes de los 11 municipios de Quintana Roo. Nos hemos organizado con el objetivo de proteger nuestro entorno y mejorar nuestra calidad de vida… Con estas iniciativas buscamos construir un futuro sostenible donde se garantice la protección de los recursos naturales, la seguridad de las ciudades y el acceso a una vivienda digna de todas las familias quintanarroenses”, comenta la leyenda.
En cuanto a la “Ley Tajamar”, este colectivo explica que esta iniciativa busca proteger a todos los manglares, cenotes, humedales y ríos subterráneos.
Para ello, es necesario ubicarlos y, posteriormente, garantizar que esta información sea de fácil acceso y que esté abierta a todos.
“Esto lo podemos lograr a través los atlas de riesgos municipales ya que aunque algunas leyes generales los hacen obligatorios, la Ley de Asentamientos Humanos del estado de Quintana Roo no los menciona. Por ello, los firmantes queremos que sea obligatorio que la información sobre la ubicación de humedales, manglares, cenotes y ríos subterráneos sea utilizada en la planeación urbana, por eso impulsamos la Ley Tajamar”, puntualiza.
La segunda propuesta, la “Ley Pok Ta Pok”, busca evitar que las aguas residuales lleguen a cenotes, cavernas, manglares e incluso hasta los arrecifes, pues ponen en peligro el medio ambiente.
“Los firmantes nos encontramos particularmente preocupados por la acumulación de basura y la ausencia de gestión de residuos. Encima, la falta de sistema de drenajes ha sido agravada por el incremento de autorizaciones de construcción, lo cual ha creado el escenario perfecto para las inundaciones. Por ello, es imprescindible que se estudie la capacidad de carga ambiental de las zonas donde se asignan usos de suelo de construcción para no seguir afectando nuestros ecosistemas. No queremos que se permitan más instrumentos de planeación urbana o cambios de uso de suelo si no hay un estudio de capacidad de carga ambiental que los respalden”, manifiesta la red.
La tercera petición es la creación de una “Ley de movilidad sustentable”.
Al respecto, la Red de Comités Vecinales de Cancún (Rcvc) sostuvo que tiempo perdido, tráfico, accidentes y muertes han sido los resultados de no tomar en cuenta la movilidad durante el proceso de planeación de las ciudades de Quintana Roo.
“Por lo tanto, queremos que todo instrumento de planeación urbana esté acompañado de un plan de movilidad, o que de lo contrario sea declarado como ilegal. Dicho plan de movilidad tiene por objetivo aumentar la eficiencia y seguridad de los desplazamientos de los ciudadanos, priorizando el transporte público y protección al peatón”, agregó.
Por último, la cuarta propuesta es la “Ley Solimán”; que debe prohibir la sobredensificación inmobiliaria sin permisos, sin autorizaciones y sin atención al medio ambiente, porque esta acción acaba con los ecosistemas y con las inversiones que sí quieren cumplir con las leyes.
“No es desorden, son delitos contra el desarrollo urbano. La propuesta ciudadana de la Ley Solimán busca vincular la Ley de Asentamientos Humanos con el artículo del Código Penal. Asimismo, se añaden nuevos delitos. Por ejemplo, el delito de falta de vigilancia, este delito que permitía que los fraccionamientos irregulares sean vendidos a terceros, aunque no se hayan cumplido con las obras mínimas (drenaje, saneamiento, alumbrado, etc.). Además, se busca sancionar a las autoridades que no ejecuten las fianzas correspondientes cuando un promotor urbano haya dejado una obra inconclusa, asegurando así la entrega de los fraccionamientos con servicios públicos concluidos”, añade.
Finalmente, esta ley obliga al Estado a reparar todos los daños que se causen a los ciudadanos. De igual, se propone la incorporación de un nuevo artículo a la Ley de Acciones Urbanísticas que reconoce la aplicación del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en materia de desarrollo urbano.
SOLICITUD AL CONGRESO DEL ESTADO
Al final de la petición, la Red de Comités Vecinales solicita al Congreso del Estado que se turnen las cuatro iniciativas a comisiones y que éstas sesionen para que se puedan aprobar en el primer periodo del segundo año de la legislatura, es decir, en septiembre próximo.
“Que las comisiones correspondientes convoquen a un Parlamento Abierto a personas, grupos que puedan ser afectados y colegiados y expertos que puedan aportar a estas iniciativas ciudadanas; y sobre todo, que se aprueben las iniciativas ciudadanas propuestas”, concluye.
SIM
