La nueva Ley General de Aguas, propuesta desde la presidencia, enfrenta un profundo proceso de reingeniería en San Lázaro. La Comisión de Recursos Hidráulicos incluyó 50 modificaciones que buscan redefinir el delito de robo de agua. Esta crucial reforma Ley General de Aguas 2025 polariza al Congreso ante la inminente votación de un dictamen que suaviza castigos por el desvío de recursos vitales.
El dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos y las 50 modificaciones
El dictamen generado por la Comisión de Recursos Hidráulicos sobre la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales contempla 50 modificaciones a la iniciativa presidencial original.
Estas adecuaciones, que se discutirán en el pleno de la Cámara de Diputados este jueves (tras ser votadas el miércoles en comisión), tienen como principal objetivo acotar la proporcionalidad de las penas relacionadas con el robo de agua.
Una de las precisiones más relevantes es que el marco legal solo castigará la extracción ilegal de líquido, excluyendo de sanción el desvío de cauces cuando este sea realizado para uso agropecuario familiar.
La proporcionalidad de las penas: dolo y volumen como base
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, detalló que las modificaciones se centran en el artículo 123 bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, donde se establece el dolo como elemento fundamental para determinar el robo del líquido.
Según la explicación ofrecida por Monreal en un documento, se privilegió la proporcionalidad de las penas: “A mayor cantidad de agua, mayor será la sanción”, aseguró el legislador.
La comisión explicó a los legisladores que, mediante estos cambios, “se restructura el artículo 123 bis 3 para detallar la sanción basada en el volumen y la acción dolosa (voluntaria)”. El objetivo es incrementar la objetividad y precisión de la norma penal, evitar ambigüedades en la aplicación judicial y asegurar que la pena sea proporcional a la afectación generada.
La definición del robo de agua y las sanciones específicas
La nueva redacción del artículo 123 bis 3 prevé sanciones específicas basadas en el volumen sustraído:
- Volumen menor a 50 mil litros: A quien «dolosamente traslade aguas nacionales con fines de lucro, a sabiendas de que fueron extraídas de manera ilegal», se le sancionará con prisión de tres meses y multa de 100 a 200 UMA.
- Volumen equivalente o mayor a 50 mil litros: La sanción aumenta a seis meses de prisión y multa de 150 a 250 UMA.
Redefiniendo el delito: desvío de cauces y la excepción familiar
Otro cambio crucial se aplica al artículo 123 bis, que en la iniciativa original proponía una sanción de dos a 10 años de cárcel. Tras la modificación, la pena se redujo drásticamente a tres meses a cinco años de prisión y multa de 200 a 250 UMA.
Esta sanción se aplicará a quien, sin autorización, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere una afectación directa a las condiciones hidráulicas o ponga en peligro la vida de las personas, la seguridad de sus bienes o la de los ecosistemas vitales.
No obstante, las modificaciones establecen una excepción que ha generado debate:
- Se exceptúa de estas sanciones a “las personas que realicen esta actividad para uso personal, doméstico y agropecuario familiar”.
Al respecto, Ricardo Monreal ahondó en la filosofía del cambio, señalando que los legisladores «no buscamos criminalizar indebidamente, sino atender casos graves».
La presión del sector productivo en San Lázaro
La controversia en torno a la Ley General de Aguas se acrecenta con la intensa presión de los sectores productivos. La presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán (militante del PAN), recibió a representantes de importantes gremios.
Entre los asistentes se encontraban líderes de sectores agrícolas, distritos de riego, uniones ganaderas y prestadores de servicios hídricos, provenientes de al menos 10 estados de la república. Este grupo entregó a la presidenta de la Cámara un paquete adicional de propuestas de cambios. López Rabadán, por su parte, hizo un llamado a la sensibilidad de las bancadas para sumar más adecuaciones al dictamen antes de la votación final.
Las 50 modificaciones buscan trazar una línea muy fina entre la criminalización del robo de agua con fines de lucro y el uso tradicional del recurso hídrico para fines de subsistencia. Sin embargo, la amplia excepción para el uso agropecuario familiar plantea interrogantes sobre la capacidad real del Estado para regular y proteger los cauces nacionales ante una crisis hídrica que se agudiza cada año en el país. ¿Podrá este marco legal garantizar la sostenibilidad del recurso sin minar los derechos tradicionales de uso? El debate en San Lázaro apenas comienza.
