En un movimiento sin precedentes, CIBanco ha demandado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia. La entidad busca revertir una orden de la FinCEN que amenaza con desconectarlo del sistema financiero estadounidense y provocar su inminente colapso, tras acusaciones de lavado de dinero.
La demanda: Un recurso legal contra la desconexión inminente
El 17 de agosto de 2025, CIBanco interpuso una denuncia ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, registrada bajo el expediente 1:25-cv-02705-TNM. Esta acción legal va directamente dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), Andrea Gacki.
El principal objetivo de este recurso es frenar la orden emitida por la FinCEN a finales de junio pasado, la cual dictamina la desconexión de CIBanco del sistema financiero estadounidense a partir del 4 de septiembre de 2025. Según el banco mexicano, las acusaciones en su contra violan la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso establecido en la Constitución de Estados Unidos. Sin una corrección inmediata, advierte CIBanco, esta “orden ilegal pone en riesgo de insolvencia y colapso al banco”.
Las graves acusaciones del FinCEN y la respuesta de CIBanco
Fue el 25 de junio de 2025 cuando la FinCEN acusó a CIBanco, junto con Intercam y Vector (esta última operando como casa de bolsa), de facilitar operaciones de lavado de dinero a cárteles de la droga por un monto que asciende, al menos, a 46 millones 591 mil dólares. Inicialmente, la medida de desconexión del sistema financiero estadounidense estaba prevista para el 21 de julio, pero el 9 de julio, el Departamento del Tesoro anunció una prórroga, posponiendo su entrada en vigor hasta el 4 de septiembre.
CIBanco alega que las acusaciones no solo son falsas, sino que, de materializarse, “podrían dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos gestionados por CIBanco en nombre de intereses estadunidenses: fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadunidenses”. La institución financiera mexicana advierte con contundencia que “sin un proceso adecuado para demostrar la falsedad de estas acusaciones, CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente”.
La postura del gobierno mexicano y las implicaciones operativas
En México, CIBanco, Intercam y Vector se encuentran actualmente bajo una intervención administrativa por parte de las autoridades nacionales. Sin embargo, el gobierno mexicano ha afirmado públicamente que no ha recibido pruebas contundentes que demuestren que las tres instituciones cometieron algún ilícito.
En su demanda, CIBanco argumenta que “dejará de existir como banco comercial internacional debido a una orden errónea emitida por el Departamento del Tesoro, bajo las nuevas autoridades para combatir el tráfico de opioides”. A pesar de apoyar incondicionalmente los esfuerzos del gobierno estadounidense contra la epidemia de opioides y los cárteles de la droga mexicanos, el banco puntualiza que la mayor parte de su negocio “depende íntegramente del acceso a transacciones en dólares estadunidenses”, lo que pone en peligro “su propia existencia”.
La institución mexicana ha declarado que “la mayor parte del negocio de CIBanco se perderá antes de la fecha de entrada en vigor de la orden, ya que las instituciones financieras estadunidenses están cesando sus operaciones con CIBanco antes de la fecha límite del 4 de septiembre de 2025”. Como prueba de la urgencia de su situación, el banco reveló que su último corresponsal bancario estadounidense notificó la rescisión de su relación para el 21 de agosto de 2025 debido a la orden. El banco mexicano considera que el FinCEN le ha impuesto “la pena de muerte”, toda vez que actúa como “fiscal, juez y jurado”.
La contundente acción legal de CIBanco no solo busca su supervivencia, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre el debido proceso y el alcance de las sanciones financieras internacionales. ¿Podrá este litigio sentar un precedente para otras instituciones frente a acusaciones similares, o la «pena de muerte» financiera será irreversible?
