La Cámara de Diputados se convirtió el 03 de diciembre de 2025 en el epicentro de un explosivo debate que culminó con la aprobación en lo general del dictamen que expide una nueva ley general de aguas México y reforma la Ley de Aguas Nacionales. Entre descalificaciones y pancartas, el bloque mayoritario y la oposición cruzaron señalamientos sobre la centralización del recurso y el fin del histórico acaparamiento hídrico.
La votación que definió la nueva Ley General de Aguas
Luego de un debate que se prolongó por más de seis horas en San Lázaro, marcado por descalificaciones e insultos entre los diversos grupos parlamentarios, el documento fue avalado por 328 votos a favor. Este bloque provino de Morena y sus aliados.
La oposición votó en contra con 131 votos, sumando a los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC). Es relevante destacar que tres legisladores del PT (Javier Vázquez Calixto, Patricia Galindo y Jesús Fernando García) se sumaron a la oposición.
Las cinco abstenciones fueron emitidas por:
- Dos diputados de Morena: Gilberto Herrera Ruiz y Alfredo Vázquez Vázquez.
- Dos del PT: Martha Aracely Cruz y Lilia Aguilar Gil.
- Una de la independiente Araceli Mendoza, del Movimiento de El Sombrero.
El proceso se llevó a cabo luego de que, a solicitud de la oposición, la votación para el cambio en el orden del día se realizara en el tablero, a pesar de que la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López Rabadán, concedió la petición en medio de reclamos de Morena por supuestamente «ignorar» su condición de mayoría legislativa.
Morena: “Se termina el acaparamiento”
El bloque mayoritario aseguró que la iniciativa respeta el derecho a la herencia de las concesiones, además de combatir el acaparamiento del líquido y el mercado negro. El pleno desechó mociones suspensivas del PRI y el PAN antes de iniciar la defensa del dictamen.
La diputada Xóchitl Zagal (Morena) subió a tribuna con compañeros que portaban pancartas con frases como “Se les acabó el negocio, corruptos del MC Prian”. Zagal destacó que el dictamen fue producto de 450 audiencias públicas en todo el país.
Recalcó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum combate el acaparamiento, señalando a una lista de actores políticos y empresariales:
- Vicente Fox, Diego Sinuhé Rodríguez y Miguel Márquez, exgobernadores panistas de Guanajuato.
- Los empresarios Ricardo Salinas Pliego (a través de Banco Azteca), Claudio X. González y Germán Larrea.
- El coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, Rubén Moreira.
Zagal los acusó directamente: «Ustedes son el cártel del agua, quienes han hecho que las concesiones se ocupen para especular».
En el mismo sentido, Francisco Javier Borrego Adame (Morena) afirmó que el dictamen no centraliza el poder en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que los organismos locales de cuenca mantendrán la facultad de expedir títulos de concesión, prórrogas y reasignación de volúmenes.
La defensa de la herencia y las concesiones bajo la lupa
Borrego Adame ejemplificó el acaparamiento histórico, refiriendo que al expresidente Vicente Fox «se repartió para él y su familia más de 14 títulos de concesión». También mencionó el caso de la familia LeBarón en Chihuahua, a la cual, dijo, se le dieron “más de 160 títulos de concesión, más de 47 mil metros cúbicos, con los cuales se han enriquecido».
El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que la ley garantiza la «sucesión automática” de los derechos en caso de herencia o venta de tierras, pero pondrá fin al mercado negro y los “20 mil pozos no autorizados”. Calificó a Chihuahua como el «paraíso ilegal de la perforación» y sostuvo que la única molestia proviene de los productores que acaparan el líquido, como los menonitas y los LeBarón.
Por su parte, Jesús Cuanalo Araujo (PVEM) manifestó que la reforma:
- Confirma el derecho humano al agua.
- Reconoce el líquido como un bien público.
- Prioriza el consumo humano y la producción agroalimentaria.
- Acabará con la extracción ilegal y la venta indebida, evitando que «las industrias acaparen y nos vendan nuestra propia agua».
La advertencia de la oposición: control político del agua
En sentido contrario, la oposición alertó sobre el intento del gobierno de “centralizar” el control del recurso para utilizarlo con fines políticos.
El panista Agustín Rodríguez acusó a la mayoría legislativa de ser “abusones, tramposos, mentirosos y traicioneros”, asegurando que pretenden controlar a ganaderos y agricultores. Exclamó: «Ustedes pretenden, con la sed de los cultivos y con la tierra agrietada, controlar a los campesinos y a los agricultores. Eso es lo que pretende Morena: arrodillar al pueblo de México».
Paulo González (PAN) criticó el proceso, señalando que el dictamen es «la puerta de entrada para una ley parchada, improvisada y profundamente peligrosa», con más de 90 cambios de última hora.
El legislador alertó sobre el riesgo de centralización:
- La mayoría busca el “control político” del líquido mediante un Fondo Nacional de Reservas “administrado desde la Ciudad de México”.
- La Conagua no tiene la capacidad técnica ni operativa para la nueva carga impuesta, especialmente porque le recortaron presupuesto, de 37 mil millones de pesos a 36 mil millones para 2026.
Finalmente, Humberto Ambriz (PRI) lamentó que la propuesta del Ejecutivo afectará a millones de productores. Señaló que se prohíbe la transmisión libre de derechos de agua y que las transferencias automáticas de concesiones quedan sujetas “a la autorización discrecional de la autoridad”. Advirtió que la ley centraliza el otorgamiento de agua en una autoridad federal con amplias facultades discrecionales y condiciona prórrogas al cumplimiento fiscal, abriendo la puerta a usar el agua como un instrumento de control político y recaudatorio.
El camino a la discusión particular
La aprobación en lo general del dictamen marca un punto de inflexión en la gestión hídrica nacional. La discusión en lo particular continúa y se espera que se alargue hasta la madrugada del jueves, ante las más de 500 reservas que serán expuestas por 154 oradores. Morena anticipó que presentará un nuevo paquete de ajustes al documento. Mientras los promotores aseguran que la ley respeta el derecho a la herencia de las concesiones y combate el acaparamiento, la oposición ve una estrategia para centralizar el control federal sobre este recurso vital.
