Alejandro Peza/NOTICARIBE PEINSULAR
CHETUMAL.- La inflación del 7.7% en los productos de la canasta básica que registra el país, ya impacta a los consumidores de la ciudad de Chetumal, quienes están alertados por el incremento en productos básicos como la tortilla, huevo, pan, tomate y limón, por lo que surge la antigua necesidad de tener una representación de la Profeco en la ciudad que verifique que estos incrementos no sean abusos de comerciantes.
Y es que desde la desaparición de la subdelegación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor (Profeco) en agosto de 2019, no se cuenta con personal en Chetumal que atienda las denuncias de abusos que cometan comercios en contra de clientes.
Es así que los habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, que quieran interponen una queja, no tienen un lugar físico para proceder ante una violación a sus derechos como consumidor, lo que les obliga a trasladarse hasta Cancún para actuar contra las prácticas abusivas.
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Aun cuando la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Karla Almanza, aseguró que se tenía un acuerdo para contar con un módulo en los bajos del Palacio Municipal, el personal del ayuntamiento rechazó que exista.
“Veremos qué pasó, porque teníamos un acuerdo para que exista gente atendiendo”, mencionó brevemente.
En Chetumal, la pequeña oficina de Profeco ubicada en el parque Hábitat I, en la colonia Territorio Federal, alberga a cinco inspectores, quienes no tienen la atribución para levantar una queja, y solo ofrecen asesoría para levantar una denuncia vía telefónica o por internet.
Confirmaron que, para iniciar una queja por los abusos en los precios de productos adquiridos, incumplimiento de garantía, negación de entrega de nota de venta, entre otras irregularidades, se deberá hacer en las oficinas de la zona norte del estado.
Desde el pasado 1 de febrero, el exdelegado Fernando Loya Hernández fue cambiado de adscripción, por lo que la delegación en Quintana Roo quedó en manos de Marcos Castillo López, quien fungía como delegado en Sinaloa.
Por lo pronto, la manera de proceder ante una situación violatoria de los derechos del consumidor es a través de Concilianet, un módulo de solución de controversias en línea en el que los proveedores de bienes y servicios que cuentan con un convenio de colaboración con la Procuraduría pueden resolver estas situaciones, no así pequeñas y medianas empresas de origen local.
