Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La diputada Maritza Basurto Basurto, representante legislativa de Movimiento Ciudadano en la XVII Legislatura, propuso una reforma al Código Penal del estado de Quintana Roo para que se apliquen castigos más severos a los extorsionadores.
La esencia de la iniciativa, explicó Maritza Basurto, es para mejorar la efectividad del sistema judicial, además de dar protección a las personas que tienen un negocio, por tratarse del principal objetivo de las personas que ejercen este delito, causándoles daños económicos y hasta la pérdida de sus negocios.
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“El delito de extorsión causa un grave daño económico en el Estado, por lo que resulta necesario tener un marco legal específico que otorgue una mayor certeza jurídica para combatirlo, ya que es uno de los principales focos rojos en el sector empresarial en materia de seguridad pública”, indicó la legisladora.
El documento que presentó ante Oficialía de Partes del Congreso del Estado, señala que la extorsión se ha convertido, en México, en el principal obstáculo de la inversión, el crecimiento y la productividad. No obstante, no ha recibido todavía la atención que merece como obstáculo al funcionamiento de la economía, ni se considera su reducción como prioritaria en las políticas públicas.
Es por ello que propone adicionar el artículo 156 Bis al Código Penal del estado, para aumentar las penas aplicables al delito de extorsión en los siguientes casos:
I. Quien, por cualquier medio y usando la violencia física o psicológica, obligue a otro en el momento de ejercer su actividad comercial, de negocios, profesional, industrial o de trabajo lícitos, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o de otro, para procurarse a sí mismo o a otro un lucro indebido o para causar un daño y que implique el cobro de cuotas o el otorgamiento de protección de cualquier tipo, sea cierto o no.
II. Por cualquier medio documental, electrónico, telefónico, amenaza directa o intimidación hacia la persona, familia o bienes del sujeto pasivo, requiera el pago de una deuda simulada o solicite de otro la suscripción o destrucción de documentos que contengan obligaciones o créditos.
III. El sujeto activo sea, haya sido o se ostente como servidor público, y haya utilizado los medios o circunstancias derivadas por el ejercicio de sus funciones, para la comisión del delito.
En Quintana Roo, desde 2019 y hasta octubre de 2022, se hicieron 13 mil 012 denuncias anónimas por extorsión en todas sus modalidades al 089. De estas, 5 mil 406 se hicieron desde Cancún, siendo el municipio que más registros acumula.
Además, la amenaza de daño físico o de muerte y el cobro de derecho de piso figuran entre lo más denunciado.
