Por Leslie Gordillo
CANCÚN.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo pidió que las resoluciones relacionadas con la protección del patrimonio cultural no afecten la inversión ni la generación de empleos en la entidad, tras una reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculada a un litigio que involucra a Grupo Xcaret.
El organismo empresarial señaló que la resolución forma parte del proceso de amparo y no representa una decisión definitiva sobre el fondo del caso, el cual continúa en análisis por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). En este contexto, subrayó la importancia de garantizar certeza jurídica, especialmente en un estado donde el turismo es uno de los principales motores económicos.
«En Coparmex no venimos a repetir discursos, México atraviesa un momento que exige altura, inteligencia y sentido de país; porque sí, el patrimonio cultural es invaluable, pero el trabajo de miles de personas y familias también lo es», declaró Jovita Portillo, presidenta de Coparmex Quintana Roo.
Destacó que Grupo Xcaret es una empresa estratégica para Quintana Roo, al generar miles de empleos directos e indirectos, que proyectaba superar los 17 mil empleos directos en 2025, además de impactar a más de 65 mil familias dentro de su cadena de valor.
Por ello insistió en que cualquier resolución debe considerar su impacto en la actividad económica y en la estabilidad laboral, pues pese al litigio, se mantiene una relación de respeto entre la empresa y el Gran Consejo Maya.
La Coparmex también advirtió que interpretaciones amplias de este tipo de resoluciones podrían generar efectos inmediatos en sectores estratégicos, incluso limitar la participación de la iniciativa privada en la promoción cultural.
Incluso, indicó que la actividad empresarial ha contribuido a difundir el patrimonio cultural y posicionarlo a nivel internacional.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a privilegiar el diálogo institucional y a encontrar un equilibrio entre la protección del patrimonio cultural y el desarrollo económico, con el objetivo de evitar afectaciones a la inversión y al empleo en Quintana Roo.
